CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera de la visita oficial de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a hacer un público reconocimiento a ambos gremios, garantizar su labor y abatir la impunidad generalizada en la que se encuentran las agresiones a activistas y comunicadores. Al resaltar que desde la toma de posesión de López Obrador, han sido asesinados 17 defensores y periodistas, los integrantes del Consejo Consultivo advirtieron en un pronunciamiento que “las aseveraciones que descalifican el ejercicio periodístico y la promoción y defensa de los derechos humanos, además de deslegitimarla, contribuyen a agudizar el contexto adverso que viven día a día, tanto personas defensoras como periodistas”. Luego de que en lo que va del gobierno de López Obrador el mismo mandatario ha hecho señalamientos para descalificar a la prensa crítica, llamándola “fifí” y que ha cuestionado la labor de la sociedad civil, el Consejo Consultivo, consideró que expresiones “que ponen en entredicho la labor de periodistas y defensoras y defensores”, generan un ambiente que “contribuye a su vulnerabilidad e incrementa el riesgo que acompaña su labor”. Recordaron que tanto defensores como periodistas corren riesgos “al visibilizar prácticas como la corrupción, violaciones a derechos humanos, abusos de autoridad, entre otros” de manera que “los actores que realizan represalias en su contra son de diversa índole y cuentan con diversos recursos que afectan su integridad física y emocional”. Los consejeros del Mecanismo, miembros de la sociedad civil, evaluaron pertinente que la visita de Bachelet podría ser aprovechada para cumplir con las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas como el del Sistema Interamericano, que han urgido a que “las autoridades mexicanas respeten y reivindiquen la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de nuestro país”. Tras hacer votos porque la presencia de la Alta Comisionada “abone por que el gobierno federal garantice de manera efectiva el ejercicio pleno de la labor de defensoras/es y periodistas en condiciones de dignidad y seguridad”, los consejeros del Mecanismo consideraron necesario el fortalecimiento de dicho instrumento por ser “la principal herramienta oficial para garantizar su protección y el ejercicio de derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a defender derechos humanos”. El Consejo Consultivo puso sobre la mesa seis propuestas para “disminuir las agresiones contra periodistas y defensoras de los derechos humanos”, bajo la premisa de que “el Mecanismo de Protección no es el todo, sino una herramienta que puede contribuir a la construcción de un sistema y/o política gubernamental que proteja el ejercicio de estos derechos, y que sin duda tiene que ser una prioridad de Estado”. Las recomendaciones del Consejo Consultivo tienen que ver con el reconocimiento y reivindicación de la labor de defensores y periodistas “en la construcción y el fortalecimiento del los Estados Democráticos”; en los discursos públicos, “evitar todo tipo de expresiones que descalifican dicha labor”; que las investigaciones de agresiones a esos sectores “sean agilizadas, a fin de que la impunidad no siga siendo sinónimo de permisibilidad”. Los integrantes del Consejo Consultivo solicitaron el fortalecimiento de Mecanismo de Protección no sólo con fondos, sin con recursos humanos “con perfiles adecuados para su cabal cumplimiento”, tomando en consideración de que “actualmente cumple sólo de manera parcial las funciones establecidas en la ley”, destinar para ese propósito “personal capacitado en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad a fin de evitar la revictimización y garantizar la atención a las personas beneficiarias de manera profesional y efectiva” , así como promover “acciones y/o políticas públicas que fomenten que los  gobiernos estatales asuman la protección de periodistas y personas defensoras como una responsabilidad estatal”. El pronunciamiento fue firmado por Alberto Xicoténcatl Carrasco, Araceli Domínguez Medina, Araceli Rodríguez Nava, Atziri Ávila López, Elsa Ángeles Vera, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Lucia Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Markus Zimmer.