CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mujeres agraviadas por los actos de represión en San Salvador Atenco hace casi 13 años se reunieron este jueves con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), para la instalación de la mesa de trabajo para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a este caso, emitida en diciembre del año pasado. Lo anterior fue dado a conocer en un comunicado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que representan a las once mujeres que decidieron litigar en el Sistema Interamericano la tortura sexual de que fueron víctimas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco y Texcoco, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. https://twitter.com/CentroProdh/status/1113911178013626380 De acuerdo con las organizaciones, en el encuentro, el subsecretario Encinas Rodríguez, en nombre del Estado mexicano, se comprometió a cumplir “cabalmente la sentencia y a no revictimizar a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual”. La sentencia del tribunal regional encontró responsabilidad del Estado mexicano por los abusos cometidos contra las once mujeres que mantuvieron viva su denuncia durante más de una década, y que “sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia”, durante los actos represivos de mayo de 2006. Bárbara Italia Méndez, una de las once mujeres víctimas de tortura sexual que llevaron el caso a la Corte IDH, destacó que durante la reunión las mujeres y sus representantes pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y lleve la investigación del caso, que se encuentra en el ámbito local. En entrevista con la reportera, Méndez Moreno explicó que la solicitud se fundamenta en que “no tenemos ninguna certeza de que la investigación se haya llevado de manera adecuada, y además los niveles de los policías no son representativos, más allá de que la propia Corte IDH enumeró las diversas irregularidades”. Al señalar que el tema de justicia, para las mujeres, es el más  “sustantivo”, Méndez Moreno reconoció que ella y sus compañeras tienen sus reservas, “hasta no ver no creer”. Destacó que la explicación que les dieron los representantes de la FGR de no abordar aún la atracción se debe a que continúa la transición de Procuraduría General a Fiscalía, por lo que, “cuando concluya, las investigaciones serán atraídas y ellos estarán en la posibilidad de plantearnos una ruta más clara”. Si bien Méndez Moreno reconoció el compromiso político, destacó que el evento sólo “fue un acto de inicio de los trabajos formalmente, pero quedan un montón de mesas de trabajo que instalar por parte de los responsables del cumplimiento de los puntos resolutivos”. Apuntó que en diciembre de este año, el Estado mexicano está obligado a dar un informe a la Corte IDH sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia, por lo que “a ellos les está corriendo el tiempo, necesitan meterle velocidad, que se pongan a trabajar y  que tomen las medidas necesarias para cumplir, porque no estamos dispuestas a volver a pasar por procesos de victimización, revictimización o ser víctimas de violencia estructural o institucional”. Convocados por el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre los primeros acuerdos alcanzados con las mujeres de Atenco y sus representantes, será “atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención a la salud”. En materia de esclarecimiento penal, la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado mexicano a “realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal”, además de que la obligación de “implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policiaca”. Las organizaciones que defienden a las mujeres destacaron que la sentencia de la Corte IDH “contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual”. Recordaron que las sentencias del tribunal regional son vinculantes para México, “por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana”. Al reconocer que con la instalación de la mesa de trabajo se da un primer paso para el cumplimiento de la sentencia, CEJIL y el Centro Prodh consideraron que, de acatar el contenido del ordenamiento, “el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos”. En la reunión encabezada por Encinas estuvieron representantes de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de México, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Salud y la Policía Federal. En representación de las once mujeres, estuvieron presentes Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Cuevas Jaramillo, María Cristina Sánchez Hernández y Claudia Hernández Martínez. Las mujeres estuvieron acompañadas por el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, y la coordinadora del área internacional de la organización, Stephanie Brewer, y vía remota con el oficial de Incidencia de CEJIL, Eduardo Guerrero.