CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al dar a conocer que la violencia en México costó 5.16 billones de pesos en 2018, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) determinó que el nivel de paz en el país se deterioró 4.9% en 2018, registrando un retroceso en 22 estados, convirtiendo a 2018 como el año más violento que se haya registrado.
De acuerdo con el informe, el 97% de los delitos –denunciados– quedan impunes, a pesar de que el gasto de México en su sistema de justicia es la mitad del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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La tasa nacional de homicidios se incrementó 14% en 2018. El 69.4% de los homicidios se cometió con un arma de fuego, mientras que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó 11.6%.
De los estados del país, Yucatán sigue siendo el estado más pacífico de México, seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo; en contraste, Baja California es ahora el estado menos pacífico de México, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua, mientras que Guanajuato registró la calificación general con el mayor deterioro, luego de que en 2018 mostró un incremento de 127% en la tasa de homicidios.
Explica que la inversión de México en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que deriva en que 97% de los delitos no se castiguen. Es el país de los 33 miembros de la OCDE que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), y menos de la mitad que otros países de América Latina.
En 2017, los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes.
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El informe señala que, de acuerdo con los datos ma?s recientes, Me?xico tiene so?lo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El de?ficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.
En cuanto al impacto econo?mico de la violencia, ésta se elevo? 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos ($268 mil millones de dólares), lo que equivale a 24% del PIB del pai?s. Los costos relacionados con los homicidios representan 51% del impacto económico.
“Si México redujera su índice de violencia general al nivel de sus cinco estados ma?s paci?ficos, generari?a un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al an?o. Esto equivale a ma?s de 11 veces el gasto actual del gobierno federal en seguridad interna y justicia”, explica.
Por ejemplo, en los tres estados con mayores mejoras en el IPM 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora— los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales. Dichos programas incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación de empresas y la sociedad civil.
Por otro lado, señala que la corrupción sigue siendo una gran preocupación para muchos mexicanos: en 2018 casi 70% de ellos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la misma percepción del Ministerio Público.
La violencia afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, ya que fueron hombres las víctimas en nueve de cada diez homicidios, mientras que 44% de las mujeres informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Sin embargo, la violencia afecta más a los jóvenes que a los adultos, ya que la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata de personas fueron niños, niñas o adolescentes.
El estudio también señala que resultan alarmantes los 850 actos de violencia ocurridos contra políticos entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, de los cuales el 75% estuvieron dirigidos a políticos de nivel municipal.
El 81% de los ataques se dirigieron a integrantes de partidos compitiendo desde la oposición. De los 175 asesinatos registrados, el mayor número sucedió en Guerrero y Oaxaca: 32 y 29 homicidios, respectivamente.
“También los periodistas fueron blanco de los crecientes índices de violencia. En 2017 se documentaron 507 casos de agresión contra profesionales de la comunicación. Hacia julio de 2018 ya se habían registrado 389 ataques, un 40% más que en el mismo periodo del año anterior”.
El informe revela que México es débil en varios pilares clave como: niveles de corrupción, funcionamiento del gobierno y libertad de los medios. La debilidad en estos pilares se manifiesta, entre otras cosas, con los ataques a políticos y periodistas, y los altos niveles de impunidad.
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