CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de seis años de la represión ordenada por el gobierno, las víctimas de aquel 1 de diciembre de 2012 exigieron sanción efectiva a los responsables de las múltiples violaciones sufridas y la reparación integral del daño. Acompañados de sus representantes legales, Judith Gómez Contreras, Abraham Antonio Alonso Reyes y César Mendieta Espinoza denunciaron que han tenido que lidiar con una serie de anomalías, porque después de haber sido sometidos a torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, los agresores no han sido sancionados hasta ahora, pese a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En conferencia de prensa, la abogada Blanca Santillán, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), recordó que, en el cambio de poderes en 2012, cuando el panista Felipe Calderón le entregó el gobierno al priista Enrique Peña Nieto, se implementó un operativo en el que participaron 3 mil 900 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación local. En esa movilización, dijo, se ordenó el “encapsulamiento en diversos lugares para las detenciones masivas caracterizadas por un alto grado de violencia. Para golpear a los manifestantes (los policías) utilizaron sus escudos, tomaron piedras, así como tambos, extintores y prácticamente cualquier objeto a su alcance”, detalló. De igual manera, destacó que, como resultado del operativo, en el que se utilizó gas lacrimógeno y hubo golpizas tumultuarias, de 102 detenidos, 97 fueron presentados ante la agencia 50 de la Procuraduría General de Justicia del DF y estuvieron retenidos más de cuatro horas en separos judiciales. En tanto, la CDHDF consideró que de los 97 detenidos sólo en seis casos se encontraron rastros de tortura. Según las víctimas, a más de seis años de los hechos, no han recibido la reparación integral por las violaciones a derechos humanos, y no se ha reconocido la responsabilidad en los abusos. La abogada puntualizó que la recomendación de la CDHDF “no se apega a los estándares más altos” para considerar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, y hasta ahora no hay claridad de cuántas víctimas y por cuánto monto han sido indemnizadas, además de que “los montos no corresponden al daño moral y material sufrido”. En términos de impunidad, la abogada y las víctimas señalaron que, pese a las graves violaciones, “sólo existen dos averiguaciones previas, una incoada en contra de servidores públicos que intervinieron en las detenciones, y otra en contra de personal de guardia y custodia adscritos al Reclusorio Varonil Norte, y sólo por el delito de abuso de autoridad”. Por las averiguaciones abiertas, abundó, “se puede colegir que no se contempla la investigación a mandos medios ni superiores” y, peor aún, “no existe ninguna averiguación previa en contra de ningún miembro policía operativo, mando medio o superior, lo que deja claro que no se investigó el delito de tortura, esto a pesar de que la propia jueza 47 de lo penal dio vista al Ministerio Público adscrito para que se iniciaran las investigaciones correspondientes con respecto a algunas de estas víctimas”. También detalló que se realizaron cinco procedimientos administrativos contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Precisó: “Tres de ellos se dictaminaron como concluidos, determinando ‘ausencia de responsabilidad administrativa’, que involucra a un total de nueve elementos policiacos, y los dos procedimientos restantes fueron sancionados, uno con suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días, que involucra a dos elementos policiacos, y el otro, de igual forma, se dio por concluido, determinando la sanción consistente en arresto por 24 horas, siendo 11 los elementos policiacos involucrados”. Es decir que de los 3 mil 900 elementos policiacos que participaron en los hechos violentos, “sólo 11 fueron sancionados de manera poco relevante para la magnitud de las violaciones que no fueron consideradas como graves, lo que vislumbra un panorama altísimo de impunidad”. En materia del Poder Judicial, añadió, “sólo existió un procedimiento administrativo en contra de la juez cuadragésima séptima penal del Distrito Federal, que concluyó en abstención para iniciar procedimiento en su contra, y con ello da un mensaje de impunidad cuasi absoluta”. Judith Gómez, detenida el 1 de diciembre, destacó que lo grave del asunto es que con los hechos de represión sufridos en 2012 “se sistematizó la violencia hacia quienes protestaban contra el gobierno y quienes acompañaban a quienes fueron detenidos en otros eventos”. Al señalar que con el paso del tiempo las víctimas de tortura y vejaciones tomaron conciencia de las graves violaciones a sus derechos humanos, Gómez denunció que la recomendación de la CDHDF 7/2013 no consideró todos los casos de tortura sexual y tampoco de aquellas personas que fueron gravemente heridas, como fue el caso de Stylianos García Vackimes, quien resultó con tres costillas fracturadas. Por su condición de víctima, Judith Gómez solicitó ser considerada en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), pero la respuesta que recibió fue: “Que se espere hasta que se cree la Comisión de Víctimas local de la Ciudad de México”. En materia de impunidad, Abraham Alonso abundó que “de 86 policías comparecidos, sólo 10 mandos medios tuvieron un arresto y otros 15 elementos fueron sancionados mínimamente, en tanto que a tres agentes del Ministerio Público se les aplicó una suspensión correctiva. Los tres presentaron un recurso, a dos les valió la impugnación, mientras que otro sigue un proceso en contra de la sanción”. Al señalar que hasta ahora no han tenido acercamiento con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, añadió que la impunidad ha sido la marca del caso, tanto así que no fueron procesadas “las 22 personas que presentaron a los detenidos en la agencia 50 y que fabricaron delitos”. César Mendieta, quien padece cáncer y no cuenta con servicio social, denunció que, en un intento por acceder a una reparación económica, ésta “no representa ni el 10% de lo que la familia ha gastado, y las autoridades argumentan que el padecimiento no es una parte directa de la afectación”. Además, dijo, por la detención perdió su trabajo, y las autoridades no consideran que los daños causados “no sólo implicaron la semana en que estuvieron detenidos, sino que después fuimos estigmatizados”. Mañana se presentarán en el Congreso de la Ciudad de México las propuestas para derogar los artículos del Código Penal que en 2012 permitieron las detenciones y criminalizar la protesta social.