CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de las prácticas del “viejo régimen” con las que las autoridades mexicanas “sometían a toda suerte de atropellos a los migrantes extranjeros en territorio nacional, demoliendo así toda autoridad moral para defender a nuestros connacionales al norte del Río Bravo”. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno resaltó que, en materia de migración, “la política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con lo que había venido poniendo en práctica el régimen anterior”, pues aseveró que “México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones”. Sin embargo, en los primeros meses de la nueva administración, las autoridades aplicaron una política de detención y deportación sistemática –en los primeros 15 días de abril, deportaron a un promedio de 273 personas hondureñas por día-, realizaron redadas antimigrantes y reforzaron los controles en las carreteras, de manera similar a la política de contención que implementó la administración Enrique Peña Nieto. Un colectivo de 200 organizaciones denunció el pasado 26 de abril que el gobierno de AMLO responde a la crisis humanitaria en su frontera sur mediante la “persecución y la criminalización”. Subrayaron además que el gobierno está cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos” mediante la detención de niños y criticaron la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que, según ellas, “sobrepone una situación de relación económica (con Estados Unidos) sobre una de respeto, protección y garantía de derechos humanos”. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) se alarmó por su parte ante la aplicación de “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”, implementada por el gobierno de López Obrador. Resaltó el incremento en “el número de operativos de detención que se han implementado en los últimos días, en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar a la migración”. El Instituto Nacional de Migración (INM) incluso admitió el pasado viernes 26 que más de mil 746 personas se encontraban recluidas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, que tiene una capacidad máxima de 960 personas. Ello es contrario a la Ley de Migración, que estipula que “no se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada”. En el PND, el gobierno advirtió sobre “posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones”, y resaltó la necesidad de “sensibilizar a la población nacional con una campaña de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos sectores de la sociedad”.