CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que entregó al Congreso de la Unión su compromiso de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad heredada por “una pequeña élite que manejó el país a su antojo, sin atender las necesidades nacionales y atenta sólo a la expansión de sus negocios”. En el apartado de “Política y gobierno”, López Obrador reiteró su diagnóstico de que la creciente corrupción y la utilización facciosa de las instituciones conformaron una oligarquía excluyente en México, que condujo a las actuales condiciones, y por ello erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio. “Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal pondrá en juego todas sus facultades legales, a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo”, subrayó. “Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites, y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”. Y debido a que el aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados, se han tomado decisiones para erradicar esos vicios, puntualizó. “Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio, y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza; a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes, y a los viajes sin sentido. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado podrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de seguridad”, dijo.

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En el actual gobierno, planteó López Obrador, todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población. El Poder Ejecutivo tampoco intervendrá en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial, respetará las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales, y las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Asimismo, el gobierno federal reconocerá y respetará las atribuciones y facultades que el marco legal del país otorga a las comunidades indígenas, y analizará el establecimiento de mecanismos institucionales y disposiciones legales para evitar que efectivos policiales sometidos a proceso o sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras corporaciones”. En el PND de su gobierno, López Obrador dedicó amplio espacio a su compromiso de separar el poder político del poder económico, porque durante décadas el poder político en México –abundó-- ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia entre equipos de gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y otros. “De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa”. Por ello, el gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que ‘todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste’”. Añadió: “En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no debe orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos la distorsión de la voluntad popular en procesos electorales, como ha ocurrido en el pasado. Las instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda la población y no sólo por los intereses de grupos de presión empresariales y mediáticos”. El Ejecutivo enfatizó que la dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y para el buen desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del ámbito político las legítimas actividades para obtener ganancias. “Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos, se combatirá la corrupción en la asignación de contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de distorsión electoral mediante la inyección de recursos no autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de cualquier clase a cambio del voto”. En la parte que propone una democracia participativa, el presidente celebró que la revolución de las conciencias permitió derrotar al régimen oligárquico en los comicios de 1 de julio de 2018 e imprimir una nueva dirección al país. “Hoy, la sociedad mexicana está consciente de las realidades políticas y mantiene una constante vigilancia sobre el quehacer gubernamental e institucional. Este cambio trascendente debe ser conducido a una forma superior de ejercicio del poder: la democracia participativa”. Sin embargo, añadió, no es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta; debe, además, participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública; debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. Por eso reiteró su propuesta de revocación del mandato, porque el principio constitucional que señala el derecho del pueblo de cambiar “en todo tiempo” la forma de su gobierno no ha tenido, en la práctica, ninguna posibilidad de concretarse. También insistió en la consulta popular, porque no basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios, sino que la sociedad debe tener también el derecho de incidir en sus determinaciones.