CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oposición en el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, que busca que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. Los magistrados de la SCJN iniciaron ayer la discusión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el bloque opositor de la Cámara alta en contra de la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril. En ese contexto, la madrugada del lunes, antes de que venciera el plazo para impugnar la ley, 44 senadores de oposición presentaron una nueva acción para que se acumule a las anteriores. De acuerdo con el documento elaborado por los legisladores, la ley viola el principio de independencia judicial, contenido en los Artículos 17 y 94 de la Constitución. “Se está alegando como violación al principio de división de poderes que no se toman en cuenta las particularidades del Poder Judicial para determinar precisamente lo que corresponde a las disposiciones de esta ley federal; se está alegando de la misma manera la violación al pacto federal y a la independencia judicial de los poderes judiciales locales”, dijo el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera. En conferencia de prensa, los líderes de los grupos parlamentarios de esa fuerza política, así como de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), dijeron que con esta nueva acción de inconstitucionalidad buscan evitar que un poder vulnere a otro. “No puede estar un poder sobre otro, eso es lo que queremos evitar, dejar muy claro, por supuesto, que nos oponemos a bajar los salarios. Que se tengan salarios justos. Pero eso es determinación de cada poder, y lo que estamos buscando con esta acción es evitar que uno esté sobre el otro”, dijo a su vez el líder priista Miguel Ángel Osorio Chong. La ministra Yasmín Esquivel Mossa será la encargada de analizar esta nueva acción de inconstitucionalidad y elaborar una nueva propuesta de resolución, independientemente de lo que desde ayer se discute en la SCJN.