Denuncian 'nula sensibilidad” de autoridades para atender el flujo migratorio

jueves, 2 de mayo de 2019
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, informó que a seis meses del éxodo migrante en la frontera sur, el gobierno mexicano ha sido rebasado en todas sus capacidades. Este Colectivo, conformado por una red de organismos defensores de derechos humanos, evidenció la ausencia de mecanismos y protocolos para atender una crisis humanitaria que el Estado debería reconocer. En el marco de la presentación del “Informe del monitoreo de derechos humanos del éxodo centroamericano en el sureste mexicano: octubre 2018-febrero 2019”, la red de organismos civiles denuncia la “nula sensibilidad” de servidores e instituciones públicas para atender el flujo migratorio que se agudizó en los últimos meses. En el documento, de más de 70 páginas, precisa que las personas desplazadas desde Centroamérica salen y seguirán saliendo de sus países de origen mientras persista un contexto social, político y económico de represión, corrupción, violencia, pobreza y despojo, que les niega las oportunidades para sobrevivir y llevar una vida digna.

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Estas personas seguirán buscando diversas estrategias y rutas de tránsito por territorio mexicano mientras las autoridades no den respuestas integrales a sus necesidades y garantías de respeto y protección de sus derechos humanos, sostiene. Y destaca que la implementación de medidas coyunturales a corto plazo y con limitada claridad y transparencia, como el “Programa emergente de emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias”, favoreció un contexto de mayor riesgo por las acciones violentas de rechazo y xenofobia hacia las personas migrantes y defensores de derechos humanos en los dos lados de la frontera. Por otro lado, añade, también resulta preocupante las acciones gubernamentales de hostigamiento, detención y deportación, tanto de personas migrantes organizadas como de defensores de derechos humanos y personas acompañantes del éxodo, así como la progresiva regeneración de redes de interés especulativo, engaño y mercado ilegal de servicios y documentos para migrantes, que en anteriores ocasiones se ha demostrado que están articuladas por intermediarios, miembros del crimen organizado y servidores públicos corruptos. “Ante estas y otras acciones mencionadas a lo largo del informe, que vulneran los derechos humanos de miles de personas que transitan por México de forma individual, familiar y colectiva en el marco del Éxodo Centroamericano, y dada la gravedad y magnitud de la emergencia humanitaria que conlleva, a partir del trabajo de sistematización del Colectivo en la región sureste de México hacemos una serie de recomendaciones y llamados a diversos actores para asegurar el respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos de las personas que buscan establecerse dignamente en el país, acogerse a los mecanismos de protección internacional o transitar de forma segura hacia la frontera norte para solicitar asilo en Estados Unidos”, dice el documento. De igual manera, recomienda a las instituciones del Estado mexicano desarrollar una política integral en materia de migración y asilo. Es decir, que el gobierno federal genere políticas apegadas a los estándares internacionales, así como respetar las existentes, con la finalidad de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Entre otros puntos, pide implementar mecanismos de transparencia que aclaren cuáles son las opciones que tienen las personas para regularizar su estancia en el país, o bien para seguir su camino de manera segura. Asimismo, armonizar las leyes y políticas para el respeto de los derechos humanos, para lo cual –apunta-- urge la revisión, modificación y/o derogación de contenidos de la legislación migratoria inconstitucionales, como el plazo de 30 días para solicitar refugio, y aquellas leyes que perpetúan un paradigma basado en el control, detención y deportación de las personas. También que cese el hostigamiento, intimidación y detención de personas migrantes, pues si bien los cuerpos de seguridad pública deben velar por el orden y funcionamiento de los servicios, de ningún modo deben responder con el uso de la fuerza contra grupos conformados por personas en situación de extrema vulnerabilidad y con necesidades de protección internacional. La red destacó que la presentación/detención de personas en condición irregular sólo puede realizarse por el Instituto Nacional de Migración y debe ser una medida de último recurso. Las instituciones gubernamentales, abunda, deben disponer de todas las capacidades para prevenir situaciones que coloquen a las personas en riesgo de ser víctimas de secuestro, extorsión y trata. Por ello, demanda establecer un sistema/protocolo federal de atención humanitaria integral, porque ha quedado claro que “el Éxodo de centroamericanos evidenció la falta de protocolos en los distintos niveles de gobierno para dar una respuesta humanitaria efectiva”. Añade: “Aunque es un fenómeno que sorprendió y rebasó las capacidades individuales de instituciones y organizaciones, la movilidad humana de carácter forzada se ha dado históricamente en la región”. En ese sentido, es urgente que se trabaje en protocolos interinstitucionales con respuestas integrales que puedan resolver las problemáticas que representan las migraciones en masa, tanto a nivel de las personas que migran, como de la sociedad que les acoge. Los organismos que integran la red demandaron la coordinación de los tres niveles de gobierno que permita accionar siempre con la misma información y líneas de atención. El gobierno federal, precisan, debe tomar el liderazgo y no delegar en los gobiernos estatales y municipales las obligaciones que le corresponden para que se lleven a cabo las medidas que garanticen un tránsito con goce de derechos, así como el acceso a una vida digna y protección a la integridad física y emocional. Además, indican, es importante no cerrar el diálogo y seccionarlo, sino generar espacios de vinculación e intercambio que permitan retroalimentar desde las diferentes visiones y percepciones de la problemática. “Lo anterior en pro de mejorar y dar soluciones adecuadas, integrales, incluyentes, y que fomenten cambios estructurales. Sin embargo, como acción inicial para generar confianza, urgimos a que se brinden todas las garantías de protección, reconocimiento y no estigmatización a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, se lee en el documento presentado este jueves. En el texto se sugiere abordar las necesidades de cada persona y familia en condiciones dignas, es decir, que el Estado mexicano no ignore las causas particulares por las que cada persona sale de su país, “ya que consideramos se ha invisibilizado en la mayoría de los casos la petición de refugio por causas como la seguridad y violencia de género”. Y dado el elevado número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que transitan en el Éxodo, “es fundamental el respeto a su interés superior para hacer valer y respetar sus derechos, así como brindarles un trato que haga prevalecer su dignidad y su seguridad”. Finalmente, el Colectivo exhorta a que se respete la no separación de las familias, el principio de no detención migratoria, así como el cese de las deportaciones que violan el derecho a recibir protección internacional a niñas, niños y adolescentes, entre otros puntos. Y menciona que el Estado en su conjunto tiene la obligación de favorecer la convivencia y combatir la discriminación por sus efectos de segregación, exclusión, violencia y limitación del acceso a los derechos y libertades a las personas. “Por tal razón, es importante generar acciones inmediatas de sensibilización y prevención de violencia xenófoba, principalmente en las localidades de tránsito del Éxodo”.

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