CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera de que el Senado de la República presente las iniciativas de leyes secundarias que acompañan la creación de la Guardia Nacional, Amnistía Internacional cuestionó la “gran opacidad” en el proceso legislativo. Tras informar que activistas se reunieron con legisladores para presentar “los requisitos mínimos en materia de derechos humanos” que tendrían que incluir ambas normas, la organización apuntó que las observaciones “fueron hechas sin haber tenido acceso a las iniciativas de las leyes secundarias, en torno a las cuales hay una gran opacidad, lo que a su vez genera incertidumbre por el sentido de las mismas”. La reunión de este lunes se da en seguimiento a un foro sobre derechos humanos y Guardia Nacional realizado la semana pasada en el Senado, donde la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, cuestionó precisamente la falta de difusión de las iniciativas de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso y Regulación de la Fuerza. En un comunicado, Reneaum Panszi pidió que las propuestas de Amnistía “se tomen en cuenta”, de manera particular en el tema de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y dijo que la preocupación de la organización es que “no estén contempladas todas las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado, como las personas migrantes”. Para Amnistía Internacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registros de Detenciones, que dirigirán la conducción de la Guardia Nacional, “deben apegarse a los principios y recomendaciones hechas por el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Además, las legislaciones deberán “tomar en cuenta las últimas recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. Sobre la falta de transparencia en la elaboración de las iniciativas, la defensora lamentó que “no se haya convocado a un Parlamento abierto para el análisis de las leyes, que es esencial para la construcción de la democracia”. Insistió en que lo “deseable” en este tipo de procesos era “tener un espacio para la discusión y debate de las ideas en la sede del Senado, que es la casa de la representación política del país”. La documentación presentada este lunes a los senadores se suma a las opiniones técnicas entregadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), remitidas en las últimas dos semanas.