LAREDO, Tex. (apro).- El  acuerdo al que llegó Juan Manuel Muñoz Luévano, Mono Muñoz, con los fiscales de Texas para convertirse en “testigo protegido” no son buenas noticias para Humberto Moreira y una larga lista de políticos de Coahuila pues ahora será el principal informante para el caso que se prepara contra el exgobernador y varios de sus exfuncionarios. En una audiencia que se celebró el lunes pasado en San Antonio, Texas, ante el juez del distrito David Ezra, Muñoz Luévano se declaró culpable por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Además, formalizó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en un informante protegido “de alto valor” para el gobierno, según publicó el diario San Antonio Express News. El nuevo testigo protegido ofreció a la Justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila quienes recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que lavaron en bancos de Texas con la ayuda de empresarios de medios de comunicación del estado. La lista de acusados incluye a varios de los actuales funcionarios de gobierno estatal que preside Miguel Riquelme, quien anteriormente fue alcalde de Torreón.

“El juez que tomó la declaración de Muñoz habló de manera circular, con cuidado de no revelar ninguno de los detalles que han hecho de Muñoz un objetivo tan valioso para los fiscales estadunidenses”, precisó la nota del diario firmada por el reportero Guillermo Contreras.

La nota agrega que los fiscales de Texas “han estado investigando a Moreira durante varios años en relación con las denuncias de lavado de dinero aquí, pero hasta ahora no ha sido acusado y él niega haber cometido ningún delito.

“El acuerdo de culpabilidad de Muñoz, incluiría una base objetiva de información donde se brindarán más detalles, pero quedará sellada (clasificada) y el juez la mantuvo así, ante las objeciones de un reportero de San Antonio Express-News”, precisó la nota.

Durante la audiencia el juez citó las reglas federales que le dan a los fiscales la discreción de sellar partes del expediente judicial y decidir cuándo pueden hacerse públicas. Muchos casos, como el de Muñoz, han terminado con los acuerdos de culpabilidad que permanecen clasificados por mucho tiempo. El Express News destacó que Mono Muñoz tuvo estrechos vínculos con figuras políticas de Coahuila, fiscales, exfiscales, alcaldes, empresarios de medios, legisladores congresistas y jueces de varios estados mexicanos.

“Entre las personas con las que estuvo cerca, según los informes, se encuentra Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila desde 2005 hasta 2011”.

Humberto Moreira dejó la gubernatura antes de cumplir su sexenio y se convirtió en el presidente nacional del PRI, hasta que renunció en medio de controversias relacionadas con la deuda de Coahuila, la cual aumentó de 27 millones a 2.8 mil millones bajo su mandato. El testimonio del Mono en contra de Humberto Moreira se sumará al de uno de los miembros del gabinete:  Héctor Javier Villarreal Hernández, tesorero de Coahuila de 2008 a 2010, quien ya denunció ante los fiscales los delitos cometidos por el exgobernador. Gracias a que Villareall también se convirtió en testigo protegido, ha estado en libertad bajo fianza desde que se declaró culpable en septiembre de 2014 por lavado de bienes raíces en San Antonio y el sur de Texas. Villarreal confesó que lavaron millones de dólares que fueron robados de las arcas de Coahuila. En México, Muñoz parecía estar atrapado en una guerra entre cárteles y estaba en España para manejar los asuntos de Los Zetas en Europa, según informes de los medios. Citando a Proceso, el diario de Texas señaló que, en 2013, durante una guerra entre los cárteles de la droga de Sinaloa y Los Zetas, varias estaciones de servicio de Muñoz fueron atacadas e incendiadas. Los presuntos miembros del Cartel de Sinaloa colgaron pancartas acusando a Muñoz de lavar dinero y comprar gasolina robada a los Zeta, escribió Proceso. Los cargos en San Antonio contra Muñoz provienen de una acusación en enero de 2015 por una presunta actividad de drogas que data de 1999, pero los fiscales nunca han revelado públicamente detalles. En la corte, el fiscal Leachman le dijo al juez que, a sabiendas, Muñoz realizó transacciones financieras ilegales con dinero del narcotráfico. La pena máxima es de 20 años de prisión, aunque la sentencia es parte del acuerdo de culpabilidad sellado, señaló el juez. La sentencia está programada para el 25 de noviembre, concluye la nota firmada por Guillermo Contreras.