CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfonso Durazo Montaño y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, reparar el daño a una víctima por hechos ocurridos en 2013 en Matamoros, Tamaulipas. Al dar a conocer la recomendación 18/2019, el organismo narró que el 22 de octubre de 2013 el agraviado fue detenido por tres policías federales cuando salía de un establecimiento comercial, “lo subieron a una patrulla dónde lo golpearon y torturaron con unas pinzas con las que le ‘prensaron' los dedos de la mano derecha y le ‘metieron un cuchillo en la oreja izquierda”. De acuerdo con la recomendación, la queja ante la CNDH fue presentada el 13 de julio de 2015 --un año y nueve meses después de que la víctima fue detenida-- por el defensor público que llevaba la representación legal del agraviado, ante un Juzgado de Distrito “donde se le inició el proceso a la víctima por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por posesión de cartuchos de uso reservado”. Entre las probanzas que el defensor de oficio presentó ante la CNDH para documentar las violaciones a derechos humanos denunciados por la víctima, en el expediente se encuentra un dictamen médico legal practicado por personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el que constaba que el agraviado tuvo “lesiones traumáticas externas recientes al exterior de su cuerpo con una evolución menor de 24 horas y presenta dos heridas punzo cortantes con salida de sangre, de dos por tres centímetros y de tres por un centímetro, que van del hélix a la fosa triangula la primera y la segunda del hélix al ante hélix ubicadas en el pabellón auricular izquierdo”. De acuerdo con la investigación de la CNDH, el objetivo de la tortura era obligar a la víctima a “declarar que fue detenido a bordo de una camioneta robada y con un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas”. El documento recomendatorio destaca que el agraviado fue conducido a un hotel donde los policías federales continuaron el interrogatorio, para ser presentado tres horas después ante el Ministerio Público Federal, vinculándosele a una averiguación previa. Por los cargos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de cartuchos, la víctima permaneció en prisión hasta el 5 de octubre de 2018, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 15 en Chiapas, luego de que el Juzgado Especializado en Ejecución de Penas le concedió el beneficio de la libertad anticipada. La investigación del organismo determinó que “los policías federales detuvieron arbitrariamente a la víctima al no existir una orden de aprehensión ni flagrancia o caso urgente como lo establecen los lineamientos constitucionales, convencionales y legales", lo que se agravó con la dilación de tres horas entre la detención y la presentación ante una autoridad ministerial. La CNDH concluyó que los agentes federales “vulneraron el derecho a la integridad personal de la víctima, al haber infligido actos de tortura en su agravio, con el fin de obtener información y auto incriminarse”. Asimismo, determinó que personal ministerial federal actuó de forma “negligente” al no atender de forma inmediata el requerimiento de un juez de Distrito para que se abriera una indagatoria por tortura en agravio de la víctima, por el contrario, “desahogó tal petición un año y nueve meses después”, en tanto que otro agente ministerial “fue omiso en iniciar la averiguación previa por tortura, con lo cual incumplió la normatividad entonces vigente”. La CNDH recomendó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “localice y repare el daño a la persona agraviada en términos de la Ley General de Víctimas; se brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, colabore en la denuncia y queja que se presenten ante la FGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente”. El organismo pidió a Durazo Montaño “que se capacite a los agentes policiales de esa corporación en materia de derechos humanos sobre los estándares internacionales, acuerdos protocolarios relacionados con el derecho a la integridad, seguridad jurídica, libertad personal y prohibición de tortura; se les proporcione equipo de videograbación, audio y geolocalización que permitan documentar las acciones que realicen al desempeñar su labor”. En cuanto al fiscal Gertz Manero, recomendó que “se practiquen diligencias legal y materialmente necesarias para determinar la indagatoria iniciada por el delito de tortura conforme a derecho, colabore en la queja que se promueva ante la instancia correspondientes de la FGR por los hechos y omisiones señalados”, así como que se capacite al personal ministerial en materia de derechos humanos, de manera especial “sobre acceso a la justicia en su modalidad de procuración en investigaciones relacionadas con tortura”.