CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional (AI) alertó sobre los riesgos de que leyes secundarias de la Guardia Nacional no contemplen de forma plena estándares internacionales de derechos humanos, por lo que hizo un llamado a la Cámara de Diputados a corregir el error antes de que se formalicen. Luego de que el Senado de la República aprobara la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, reprobó la falta de transparencia del proceso legislativo. “Lamentamos la prisa y la opacidad con que el Senado aprobó estas leyes sin hacer públicos sus borradores, lo que impidió que recibiera contribuciones puntuales de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales de derechos humanos y de otras personas expertas”, dijo la defensora tras puntualizar que los diputados tienen “posibilidad de enmendar para asegurar la mayor protección a los derechos humanos”. Al poner a disposición de los legisladores los “insumos técnicos”, la defensora advirtió que tal como están algunos de los lineamientos de las iniciativas aprobadas por el Senado, “pondrían en riesgo los derechos humanos de la población y socavarían así la estrategia de seguridad del nuevo gobierno”. En un comunicado, la organización internacional manifestó su preocupación por “la ausencia de mecanismos independientes de control del actuar de las policías y de la Guardia Nacional, y la falta de salvaguardas para limitar el uso de la fuerza durante manifestaciones”, toda vez que la ley autoriza el uso de la fuerza cuando las movilizaciones sociales no tengan un “objeto lícito”, lo que quedaría al arbitrio de las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional. “Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas”, puntualizó Reneaum. Sobre la ley de uso de la fuerza, la organización identificó “desde definiciones erróneas de uso de la fuerza y de tipos de armas, hasta requisitos insuficientes para autorizar el uso legal de la fuerza letal”, sin que se incluyan “mayores controles y sin exigir una decisión que tome en cuenta las circunstancias de cada caso”. Aunque la legislación incluyó los principios rectores del uso de la fuerza, que son legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, Amnistía Internacional consideró preocupante que “su definición se aleja de los estándares internacionales y su uso es problemático y contradictorio, pues algunos artículos de la ley parecen establecer un menor grado de protección de los derechos humanos”. Si bien la organización reconoció algunos avances en la protección de derechos humanos, las leyes secundarias “cuentan también con una serie de retos y graves errores que podrían provocar más abusos en un país asolado por más de una década de crisis de seguridad y de violaciones a derechos humanos”. Tania Reneaum reprochó que integrantes del Senado sostuvieron que recomendaciones de Amnistía Internacional habían sido consideradas en la elaboración de las propuestas legislativas, que se mantuvieron en secreto hasta que fueron votadas, observándose deficiencias “que la organización pudo haber señalado si el Senado hubiese permitido la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil”. La organización reconoció, por otra parte, que la creación de un registro de detenciones “podría ser un paso importante para prevenir las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos como la tortura y las desapariciones forzadas”, y se comprometió a estar atenta a su implementación y a la creación de un registro de detenciones de personas migrantes “que deberá responder a las normas internacionales de protección internacionales sobre estas poblaciones”.