CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de casi cinco años de lucha y dos rescisiones de contrato injustificadas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó la reinstalación de Rafael Soto como auxiliar de enfermero en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La historia comenzó el 15 de abril de 2014, después de que trabajadores del nosocomio denunciaran la carencia de insumos y medicamentos, hostigamiento laboral y despido de alrededor de 20 empleados de confianza que se negaron a colaborar con el entonces director de Cardiología, Moisés Calderón Abbo, quien fue acusado de desviar 70 millones de pesos. El enfermero interpuso un juicio laboral ante la JFCA que quedó inscrito con el número 219/2014. Tres años después, la junta ordenó que el 26 de octubre de 2017 fuera reinstalado en su trabajo. Ese día registró su asistencia, pero el 29 de octubre de 2017 le informaron que le habían vuelto a rescindir el contrato. El 30 de noviembre de 2017, Soto demandó al IMSS por el incumplimiento de su contrato individual de trabajo, la reinstalación en el mismo, el pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, reconocimiento de la antigüedad, salarios devengados y el pago de las cuotas obrero patronales porque la entonces jefa de personal, Esmeralda López, y la entonces directora de enfermería, Cecilia Tovar, le impidieron la entrada a su lugar de trabajo por órdenes del director de la unidad y  amenazaron con sacarlo a la fuerza. El 16 de mayo de 2019, la JFCA ordenó al IMSS, por segunda ocasión, que reinstalara a Soto en su puesto laboral, en la categoría de auxiliar de enfermería general 80 en Cardiología del Siglo XXI y a pagarle 199 mil 309.54 pesos por concepto de salarios vencidos por el lapso del 22 de diciembre de 2017 al 21 de diciembre de 2018, e intereses por el lapso del 22 de diciembre de 2018 al 16 de mayo de 2019, “sin perjuicio de los intereses que se sigan generando hasta el debido cumplimiento de la presente resolución”, se señala en el laudo. Esta cantidad es independiente del pago de las prestaciones que Soto demandó ante la JFCA. En entrevista con apro, Soto comentó que fue rescindido por haber denunciado un desvío de fondos, en 2014, por 70 millones de pesos, operado por el entonces director de Cardiología, Moisés Calderón Abbo, quien renunció al cargo por petición del entonces director del IMSS, José Antonio González Anaya. “En el 2017 gané el juicio y fui reinstalado. Al día siguiente de mi reinstalación mi huella digital fue borrada del biométrico, impidiéndome poder checar mi entrada y después, de plano, con fuerza policiaca, impidieron mi ingreso al hospital. Hace unos días, la junta federal dictaminó un laudo a mi favor para mi reinstalación y estoy esperando que me digan cuándo”, comentó. Soto, quien es activista en el colectivo Resistencia IMSS, indicó que este fallo es para él y para la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) “una gran victoria en contra de la injusticia y la corrupción del sindicato que, coludido con el IMSS, ha sancionado a miles de disidentes políticos y despedido a cientos”, agregó.