CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano expresó su “rechazo” ante la decisión del gobierno estadunidense de Donald Trump de aplicar el Título III de la llamada Ley Helms-Burton, el cual abre la puerta a que ciudadanos de Estados Unidos demanden en tribunales de ese país a empresas que hacen negocios con ciertos bienes en Cuba. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que protegerá “a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas”, y anunció que el gobierno mexicano está analizando la opción de “interponer acciones por las violaciones al derecho internacional”. La Cancillería también sostuvo que desde 1996, México cuenta con una legislación diseñada para “contrarrestar los efectos extraterritoriales” de la Ley Helms-Burton, la cual obliga entre otros los tribunales mexicanos a negar la validez de las sentencias expresadas en Estados Unidos y prohíbe a cualquier persona que proporcione información a la justicia estadunidense, siempre y cuando se trate de juicios derivados de dicha ley. La contra-ley mexicana también plantea que, si una empresa o una empresa debe pagar a una contraparte estadunidense por una demanda con la Ley Helms-Burton, tiene el derecho de demandar a esta contraparte en México por “daños y perjuicios” de la misma cuantía a la que fue condenada en Estados Unidos. En 1996, el expresidente Bill Clinton aprobó la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida como Helms-Burton, en recuerdo a los legisladores ultraconservadores que la elaboraron. El exmandatario la firmó bajo la presión del Congreso estadunidense –con mayoría del Partido Republicano-- para endurecer el bloqueo económico, financiero y comercial sobre Cuba y asfixiar más al gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, ante la ola de indignación internacional que generaron algunas de las medidas de la ley, Clinton emitió una orden de suspensión que bloqueó la entrada en vigor del Título III, el cual permite a ciudadanos estadunidenses entablar juicios en Estados Unidos contra cualquier persona que “trafique” en Cuba con bienes que les fueron “confiscados” a partir del triunfo de la revolución, en 1959. Esta medida quedó suspendida durante 23 años, hasta que el pasado 17 de abril, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump, anunció con un discurso viejo de cinco décadas que el 2 mayo entraría en vigor el Título III de la ley y que con ello se abrirá “una oportunidad de justicia para los cubanoestadunidenses”. El mismo día, John Bolton, asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció que limitaría el envío de remesas a Cuba en mil dólares cada trimestre volvería a prohibir los viajes de ciudadanos cubanos a su isla de origen por “razones no familiares”, dos medidas que el expresidente Barack Obama había eliminado en 2013. El gobierno cubano denunció de inmediato un “chantaje al mundo”, y contó con el respaldo de las diplomacias de la Unión Europea, entre otros. El pasado 5 de mayo, apenas tres días después de la entrada en vigor del Título III, Javier García-Bengochea, un neurocirujano de origen cubano, radicado en Jacksonville, Florida, interpuso la primera demanda, contra Carnival Corporation, una empresa británica-estadunidense de cruceros. En la demanda, el hombre aseveró que la empresa hace uso comercial de una propiedad en el puerto de Santiago de Cuba conocida como La Maritima and Terminal Naviera, de la que, aseguró, es dueño en un 82.5%. El gobierno cubano expropió y nacionalizó esta parcela en 1960; la empresa crucera utilizó el espacio, 56 años después, como embarcadero y desembarcadero de turistas.