CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, respecto al etiquetado en productos ultra procesados, la organización El Poder del Consumidor anunció que llevará el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión de la Corte aprueba que se oculte al consumidor que los azúcares añadidos no son necesarios para el consumo humano, al señalar que el etiquetado cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El 6 de mayo, estos organismos internacionales, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), criticaron los argumentos de la ministra que presentó el proyecto porque, destacaron, el impacto en la salud de los libres o añadidos no son similares a las frutas, verduras y lácteos que consumen adultos y niños mexicanos. “CONMEXICO argumenta falsamente, tratando de confundir a la opinión pública, que la sentencia dice que el actual etiquetado defiende el derecho a la salud. Lo anterior es falso, pues solamente tres de cinco ministros calificaron de legal el etiquetado, lo cual no significa que sea entendible para los consumidores mexicanos y que sus criterios nutrimentales correspondan a recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales”, señaló El Poder del Consumidor. Pese a lo anterior, esta organización no gubernamental destacó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud hayan anunciado que revisarán el actual etiquetado para ver si el mismo es entendible para el consumidor mexicano, respecto a la diferenciación de los azúcares naturales de los añadidos. “Se espera que la autoridad sanitaria, responsable de esta regulación, tome en cuenta la contundente evidencia de los organismos internacionales de Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Comité de Expertos Académicos Nacionales del Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas”, indicó El Poder del Consumidor. En ese sentido, lamentó la resolución de la SCJN “que favorece el interés de la gran industria de alimentos y bebidas, por encima de la salud pública, en medio de una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes que enfrenta el país”, resaltó.