CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Escudado detrás de la Doctrina Estrada, el gobierno mexicano expresó hoy su “preocupación” ante las violaciones a los derechos humanos y las detenciones de opositores políticos en Venezuela y, en paralelo, otorgó su beneplácito al nombramiento de Francisco Arias Cárdenas como nuevo embajador del gobierno de Nicolás Maduro en México. Siguiendo su decisión de no elegir bando en la crisis política que afecta el país sudamericano --y que se agudizó el pasado 30 de abril durante el fracasado intento de Golpe de Estado del opositor Juan Guaidó--, la Cancillería mexicana justificó ambas decisiones con el principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por la mañana, dicha dependencia rechazó “cualquier propuesta o actividad que pretenda hacer uso de violencia” –en referencia a las pretensiones de la oposición de derrocar a Maduro por la fuerza--, y a la vez expresó su preocupación “por la situación de los derechos humanos, el derecho al debido proceso del pueblo venezolano y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria de ese país, en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, como es el caso de Édgar Zambrano”. Reinaldo Díaz Ohep, el representante de la Asamblea Nacional venezolana y de Guaidó en México, expresó desde su cuenta de Twitter su agradecimiento ante el hecho de que “los Estados Unidos Mexicano (sic) se pronuncie en contra de la violación a los derechos humanos, a las detenciones arbitrarias y a la violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela”. Horas más tarde, la Cancillería justificó el beneplácito al nombramiento de Arias: reafirmó su apego a la Convención de Viena y su adhesión a la Doctrina Estrada, y planteó que “el beneplácito o plácet se otorga con respecto a la persona por acreditar y no sobre el procedimiento que en el Estado acreditante se lleva a cabo para nombrarlo”. Al otorgar este beneplácito, la Cancillería ignoró la carta que la Asamblea Nacional venezolana envió a Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de abril, para pedirle al mandatario mexicano que no reconozca el nombramiento “ilegal e inconstitucional” de Arias. En esta carta, la oposición reconoció la tradición de la política exterior mexicana de no inmiscuirse en asuntos internos de otros países, pero planteó que “estamos obligados en elevar la voz en defensa sus (sic) derechos y esperar la solidaridad de un país hermano”.