CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reveló que en la política de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hay cambios en el gasto público. En su estudio “Gasto Público en Seguridad: Una mirada a la ruta de los recursos”, presentado este martes, detalla que la disminución de 27% de los dineros asignados a la prevención del delito de 2018 a 2019 revela que éste no es un componente prioritario de la política de seguridad actual. De acuerdo con el organismo, en 2019 el gasto público en seguridad asciende a 239 mil 319 millones de pesos, equivalentes a 0.96% del PIB y a 4% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, apunta, no refleja la política de seguridad del gobierno federal, ya que, de este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que 1.5% se destina a prevención y atención de derechos humanos. El estudio destaca que, para identificar las prioridades del Estado en la provisión de seguridad pública, con base en la Ruta del Gasto Público y la definición de la Constitución, se tienen tres objetivos de seguridad: prevención del delito, combate al crimen y justicia. “Del total del presupuesto destinado a combate al crimen, fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública absorbe 84% del que se aprobó en 2019. Además, se observa que, en este eje, de 2008 a 2018, el presupuesto ejercido es mayor al aprobado, lo que reafirma la noción de que las fuerzas armadas son la prioridad en combate al crimen, desde un punto de vista presupuestario”. Añade: “Esto muestra que en la actual administración prevalece un enfoque reactivo sobre el preventivo, pese al cambio de la política de seguridad que se destacó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por los senadores”. Un clavado a las cifras muestra que, en términos de programas presupuestarios, sólo tres de los 44 programas para justicia concentran 83.2% del presupuesto total: otras actividades, administración del Sistema Federal Penitenciario, e investigar y perseguir delitos de orden federal. En 2019, la prioridad presupuestaria fue “otras actividades”, que absorbe 58% del presupuesto total y está a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los recursos se destina a servicios personales; en contraste, sólo 10% de los casos resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son de materia penal. “Uno de los aspectos a destacar es el bajo presupuesto de la procuración de justicia. Esta es un área toral para combatir la impunidad en el país a la luz de las transformaciones institucionales que deben llevarse a cabo para la consolidación del sistema de justicia penal adversarial”, detalla el documento del CIEP. Y puntualiza que el Plan Nacional de Desarrollo pone énfasis en desarrollar una estrategia de prevención del delito, pero esto no se ve reflejado claramente en el presupuesto de seguridad. Ello se debe a que el gasto para este eje representa 14% del total del gasto destinado a seguridad pública aprobado para 2019 y presenta un recorte de 27% respecto de lo ejercido en 2018. De igual manera, deja claro que, aunque este objetivo cuenta con 34 programas, el presupuesto se concentra en uno solo, “operativos para la prevención y disuasión del delito”, que absorbe 90% de prevención, protección y fortalecimiento de la seguridad pública. En contraste, Protección Civil tiene asignado 0.7% del presupuesto y equivale a 0.8% de los recursos destinados para la reconstrucción de los sismos de 2017. “El hecho de que los operativos concentren el mayor porcentaje del presupuesto de prevención del delito, puede ser una muestra de la necesidad de diseñar líneas de acción en esta materia, que vayan más allá de la función policial”, sostiene. Finalmente, el CIEP señala que se observa una atomización del presupuesto federal para seguridad; no obstante, éste se concentra sólo en seis programas: uno de prevención del delito, dos de combate al crimen y tres de justicia. Con esta configuración, el gasto público resulta poco eficiente para cubrir las necesidades de la población y atender la crisis de seguridad que enfrenta México.