Los albergues para migrantes que operan en el país serán revisados por el gobierno federal: Encinas

lunes, 17 de junio de 2019 · 22:38
ENSENADA, B.C. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que todos los albergues para migrantes que operan en el país serán revisados por el gobierno federal, con el fin de determinar el presupuesto que se les debe asignar. Sin dar cifras ni fechas específicas, adelantó que los recursos económicos empezarán a fluir a partir de esta semana en los centros sociales de apoyo a los migrantes. También notificó que se habilitarán nuevos albergues, se fortalecerán los actuales y se asignarán los recursos necesarios para que operen sin problemas ante la inminente llegada de miles de migrantes al país. Encinas confirmó que el problema migratorio será atendido principalmente por el Estado y que el aspecto de refugio a los migrantes deportados por Estados Unidos es prioritario para la administración federal, por lo que decidió restituir el apoyo presupuestal a las organizaciones civiles, pero sólo en el aspecto de refugio. “Este es un asunto que tiene que atender el Estado. Vamos a tener que fortalecer no solamente los temas de carácter migratorio, sino particularmente de refugio, y vamos a entrar a una etapa muy diferente en el ámbito nacional, y por supuesto que el Estado mexicano tendrá que dar, como ha sido su tradición en nuestra política exterior, asilo y refugio a la llegada de decenas de miles de personas de otros países que van a estar aquí en territorio mexicano”. Previo a su participación en el Foro de Personas Desaparecidas, organizado este día en Tijuana por la Asociación Unidos por los Desaparecidos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, Encinas Rodríguez precisó: “Vamos a hacer una revisión integral de todos los albergues que operan en el país, no solamente en la frontera, porque los albergues para la población migrante los tenemos en todos los estados de la República, y va a haber unas especificaciones, pero una atención particular a la frontera norte”. La declaración del funcionario federal ocurre luego de que asociaciones de 35 albergues en Tijuana y Mexicali denunciaron la semana pasada que operan al límite de su capacidad y prácticamente sin fondos para seguir operando. En enero pasado el gobierno federal suspendió la entrega de recursos a los albergues para migrantes inscritos en el Fondo Especial para Migrantes, que en el caso de Baja California aportaba anualmente a las instituciones civiles entre 20 a 23 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las organizaciones civiles encargadas de los albergues utilizaban mal los recursos que se les asignaban, y por ello haría una investigación para depurarlas y sancionar a las infractoras. Y aquí en Tijuana Alejandro Encinas insistió: “Se ha detectado que ciertas organizaciones de la sociedad civil no operan como señalan y han sido fachadas para lavado de dinero y corrupción”. No profundizó en su acusación, pero sí comentó que el gobierno federal analiza las características de cada región del país con el objetivo de comprobar cuál es el apoyo real que los refugios civiles han dado a los migrantes. “Creo que hay que revisar cuál ha sido el destino de los recursos que se han dado en apoyo a algunos albergues (…) Estoy convencido que un buen número han actuado de manera correcta”. Sobre las personas desaparecidas, Encinas Rodríguez reiteró que el gobierno federal aportará este año 400 millones 791 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, y que a Baja California se le entregarán 10 millones que se duplicarán con una cantidad similar que aportará el gobierno estatal. En el foro, Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, reveló que Baja California ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en personas no localizadas, con una cifra oficial de mil 275 casos. Además, dijo, es uno de los cuatro estados de la República que cuentan con un decreto para la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero el gobierno que preside Francisco Vega de Lamadrid no ha designado titular del organismo.

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