ROMA (proceso.com.mx).- Los italianos Antonio Russo y Vincenzo Cimmino salieron el 31 de enero de 2018 a buscar a su pariente Raffaele Russo, en el estado de Jalisco, México, cuando tres policías municipales de la localidad de Tecalitlán los detuvieron. Nunca se les volvió a ver. Así inició una lucha incansable de su familia y del equipo de abogados que fue contratado para su localización. Año y medio después de esos hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) logró que las autoridades mexicanas le entreguen por primera vez un informe escrito sobre la investigación realizada. El informe obtenido por la CED retrata el contexto de corrupción y negligencia en el que se habría producido la desaparición, según la versión ya expuesta por las autoridades mexicanas hace un año. Se confirma que los tres habrían sido entregados a narcotraficantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cambio de dinero. No obstante, las conclusiones de los abogados de los familiares, que integrarán la contraargumentación que será enviada en julio al Estado mexicano a través del CED, destacan que la información divulgada es parcial y levanta dudas sobre las gestiones de las autoridades mexicanas y los responsables últimos de la desaparición y presunta muerte de los italianos. En esta línea, el caso también saca a la luz las razones por las que los letrados de la Organización Mundial de Abogados (OMA), un organismo internacional de defensa de los derechos humanos, afirman haber tomado el caso, es decir, para convertirlo en un litigio estratégico, un caso común y corriente que transforme el Derecho y la gestión de estos asuntos en México. “Responderemos punto por punto. El informe no ofrece elemento alguno sobre el paradero de los tres desaparecidos y contiene múltiples datos que generan dudas acerca de cómo se ha trabajado”, dice Claudio Falleti, el abogado italiano que representa a la familia y que coordinó todas las acciones para esclarecer qué ocurrió aquel 31 de enero. “La respuesta del Estado mexicano fue sólo una contestación para cumplir, sin consecuencia alguna”, remata la abogada mexicana Griselda Herrara, defensora de derechos humanos, coordinadora de OMA en España y quien también siguió de cerca el caso. Falleti pone como ejemplo el peritaje realizado en julio de 2018 sobre las dos camionetas Honda CRV en las que viajaron los tres desaparecidos y que fueron localizadas, según el informe enviado por México, por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), “en los vehículos fueron encontradas huellas palmares, pero pasó un año y todavía no tenemos información alguna sobre el resultado del peritaje”, afirma el letrado. También extraña, según Falleti, la vinculación al caso de José Guadalupe Rodríguez Castillo, más conocido como ‘El 15’, arrestado en julio del año pasado y señalado por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Jalisco como presunto líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. “José Guadalupe Rodríguez Castillo, ‘El 15’, (es) el principal sospechoso de la desaparición de las víctimas y sujeto identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecalitlán, así como de ‘El Chirrin’”, se lee en el informe de 14 páginas y 49 apartados, fechado en Ciudad de México el 17 de mayo de 2019, al que Proceso tuvo acceso a través de OMA. Según esta fuente, las autoridades mexicanas habrían captado una comunicación telefónica en la que ‘El 15’ le habría dicho a un interlocutor no identificado hacer “lo que considere (con las víctimas), dejándolo a su albedrío”. “Pero no ha sido revelado cuándo esta conversación se habría llevado a cabo. Algo que tiene un importante valor, pues indicaría en qué momento aún se encontraban con vida”, lamenta Falleti. En el reporte tampoco se aclara qué relación habría tenido ‘El 15’ con ‘Don Ángel’, la persona a quien los tres policías le habrían entregado a Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, en un paraje de la carretera a Jilotlán. De hecho, ‘Don Ángel’ sería, siempre según la misma fuente, la persona que daba dinero para que se repartiese entre elementos de la policía municipal. “La sensación es que se está ocultando información. La pregunta es por qué. Si nosotros hemos decidido hacer públicas las perplejidades que tenemos es porque vemos que no hay avances en la investigación”, explica Herrera, y añade que en su carrera profesional ha seguido varios casos que involucraban a las fuerzas del orden mexicanas. “Es una pena para mí que soy mexicana. Porque este caso deja en entredicho la credibilidad de México en un momento en el que se está negociando la modernización de Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE)”, continúa Herrera. Tan sólo en mayo pasado, la UE volvió a solicitar a México que frene la violencia en el país. Según Herrera y Falleti, uno de los principales fallos del informe presentado por México es que la información expuesta es imprecisa y en algún caso contradictoria. “Los familiares no se reunieron con la Justicia mexicana”, ejemplifica Herrera. “Magliari” Desde que el caso se hizo público, familiares de las víctimas también han cuestionado directamente el compromiso del Estado mexicano para investigar las desapariciones y han criticado que la Fiscalía de Jalisco pusiese el acento sobre la presunta ilegalidad de los negocios de los tres italianos en México, quienes se encontraban en Jalisco para vender generadores electrónicos y productos chinos, según la familia. “Los policías mexicanos vendieron a mis familiares por 43 euros... Es terrible. Esos sí son criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi primo”, llegó a declarar Francesco Russo, hijo de Raffaele. “Son vendedores ambulantes. Es una de las profesiones más antiguas del mundo. En Nápoles los llaman magliari. Si han cometido algún delito, pagarán en México o en Italia. Irán a prisión. Pero eso no justifica que los hayan desaparecido”, afirma a su vez Falleti. Por ello, la OMA no se ha limitado a pedir exclusivamente la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Con anterioridad a esa denuncia, presentó otra queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En respuesta, este organismo, que vigila los derechos humanos en el continente como parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a las autoridades mexicanas, en marzo de 2018, la medida cautelar n. 201-18 para encontrar a las víctimas e informar “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar”. “La Comisión también solicita a México tenga a bien informar dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica”, escribió Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, el 16 de marzo de 2018. “Hemos ejercido presión desde afuera, porque desde adentro no nos parecía suficiente”, explica el presidente de OMA, el mexicano Mario Flores. Sin embargo, de acuerdo con los abogados de los familiares, no hubo respuesta alguna proporcionada por México. Debido a ello el abogado Falleti y los otros letrados que han participado en el caso también se pusieron en contacto con el actual presidente del Congreso italiano, Roberto Fico, y eurodiputados italianos en Bruselas. Además de ello, Falleti solicitó que la Fiscalía de Nápoles, que es la que ahora está a cargo del caso, después de que inicialmente se encargara la de Roma, también presentase una petición a México para que las autoridades italianas puedan interrogar a los cinco imputados ya arrestados por la justicia mexicana, algo de lo que no hay constancia que haya ocurrido aún. Los tres policías de Tecalitlán involucrados son S. A. R. S., F. H. R. y E. M. G., y la mujer policía (L.G.L.A.) que mintió cuando uno de los familiares de las víctimas preguntó por su paradero. De igual forma, las autoridades mexicanas dicen haber pedido la detención del director y del comandante de la Policía Municipal de Tecalitlán, los cuales, sin embargo, siguen prófugos. Todos ellos fueron imputados por el delito de desaparición forzada, mientras que el reporte de las autoridades mexicanas indica que el narcotraficante conocido como ‘El 15’ fue acusado del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De acuerdo con el reporte presentado por México a la CEM, la Fiscalía de Jalisco ha conducido 10 entrevistas, presentado solicitudes de colaboración a las fiscalías de Colima, Michoacán, Estado de México y Quintana Roo, 12 inspecciones documentales, pedido las localizaciones de cámaras de video y vigilancia, interrogado a los cinco imputados y buscado a los desaparecidos en varias zonas de Jalisco. De igual manera, la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDNS-JAL/000171/2018, que aún está en ‘en integración”, e hizo inspecciones en la carretera 850 entronque Tula-San Antonio y la carretera 2370 San Luis Potosí-Matehuala, así como otras gestiones relacionadas con el caso. Pero ninguna de estas gestiones ha dado con el resultado de hallar a las tres víctimas o esclarecer por qué se les desapareció. Carta a AMLO En este contexto, en abril pasado la OMA escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, para solicitarles información sobre el caso, “puesto que hasta la fecha no se sabe nada” del paradero y localización de los tres italianos. En la carta, la OMA recordó la medida cautelar presentada por la CIDH. “El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comprometido en dar atención a todas las peticiones, propuestas o denuncias que le presenten los ciudadanos, me ha encomendado, (…) recibir su solicitud y gestionar una respuesta. Para facilitar su puntual seguimiento se asignó a su documento el folio 20190417FLGMYL”, respondió Leticia Ramírez Amaya, directora general de Atención Ciudadana. No obstante, tras esta comunicación escrita, los familiares y sus abogados ya no han recibido información alguna, ni han sido convocados a un encuentro con las autoridades nacionales. A pesar de la falta de resultados, el abogado Flores no se desanima. Más bien lo contrario. Acudió a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la máxima representación de las Naciones Unidas, la Secretaría General, para pedir apoyo para presionar a México. A la CEM también se le pidió emitir un nuevo requerimiento para dar seguimiento a la medida cautelar ya presentada. “Seguiremos luchando hasta que el derecho a la verdad de la familia sea respetado”, observa Falleti.