CIUDAD DE MÉXICO (apro)-- Esta tarde el colectivo #NoMásDerroches obtuvo dos suspensiones más, relacionadas con la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía): la primera, que se mantengan y conserven las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM); y una más, por detener la destrucción del NAIM y no construir el aeropuerto en Zumpango, Estado de México, hasta que existan los estudios correspondientes. Con ello el colectivo que agrupa a organizaciones como Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (COMEXDH), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo General de la Abogacía Mexicana, entre otras, suma nueve suspensiones contra el proyecto aeroportuario emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador: cuatro por la vía definitiva y cinco provisionales. “Estas resoluciones fueron obtenidas con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del NAIM como del proyecto”, dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las organizaciones adherentes. Las resoluciones otorgadas por un Tribunal Colegiado de Circuito y un juzgado federal, surgen unas horas después de que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, a cargo del juez Saúl Martínez Lira, notificó la negativa de otorgar la suspensión definitiva a #NoMásDerroches que se amparó contra el pago de la Tarifa Unida Aeroportuaria (TUA) para pagar deudas por la cancelación del NAIM. La primera suspensión provisional fue otorgada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual ordenó a las autoridades, no solamente no destruir los avances del NAIM, sino realizar acciones para conservar lo ya construido, pues si no se les da el mantenimiento adecuado podrían llegar a dañarse las obras, estructuras y cimientos existentes. La suspensión definitiva fue otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, que ordena no se ejecute el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales, de seguridad y viabilidad aeronáutica. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, desde el pasado 4 de junio, que los juicios de amparo han sido promovidos por personas a los que identifica como “opositores”, y se encuentran vinculados a un sector que ya el tenían las manos metidas en el “negocio o ya lo tenían amarrado”. Incluso amagó el pasado 14 de junio que, de continuar el proceso de suspensiones y sabotear el proyecto, dará a conocer el nombre de las personas que mantienen al proyecto en vilo por la vía judicial. “No por cuestiones de tratar de ir en contra del gobierno. No queremos ser adversarios y opositores. Ni que se nos tache de conservadores o de alguna otra forma. Creemos que desde el punto de vista legal, es muy cuestionable esta decisión por parte del gobierno”, señaló el abogado Gerardo Carrasco Chávez, director de litigio estratégico de MCCI (Proceso, No. 2225). A decir de Carrasco Chávez, la “iniciativa ciudadana” nació en enero de 2019 como un “experimento jurídico” para determinar la viabilidad de Santa Lucía, los daños a las comunidades aledañas y el impacto económico que implicará la destrucción del NAIM.