CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) designó como fiscal del caso Ayotzinapa a Omar Gómez Trejo, quien fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El nombramiento de Gómez Trejo se dio horas después de la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y un día después de que familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 recordaron, frente a las oficinas de la FGR, que durante su campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió nombrar un fiscal y esclarecer el caso. Incluso advirtieron al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que realizarán actos de protesta “violentos” si no se atendían sus demandas. Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Unidad Especial se encargará de las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, hasta la conclusión de todos los procesos penales vinculados con los eventos que originaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. En un comunicado, la FGR informó que Omar Gómez Trejo, quien es maestro en Derechos Humanos y Democracia, tendrá la calidad de agente del Ministerio Público federal (MPF). Además, estará a su cargo el trámite y resolución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo u otros que estén relacionados con tales hechos, para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento. El nuevo fiscal ha desempeñado funciones en organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y en oficinas similares en Honduras y Guatemala, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2018, la FGR debería de implementar mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad. Estableció que la FGR debería contar con una unidad especial responsable de las investigaciones bajo un nuevo esquema que permita una actuación focalizada, multidisciplinaria y experta en el conocimiento y resolución de los procedimientos penales, administrativos u otros relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: En el punto uno, se señala que el Acuerdo tiene por objeto crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” acaecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.   El nombramiento es motivo de esperanza, dicen familiares de normalistas Los familiares de los normalistas desaparecidos consideraron que el nombramiento del nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa “es motivo de esperanza” y el inicio de una nueva etapa en la investigación. En un comunicado, reconocieron “su conocimiento profundo del caso y su trayectoria en organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos”, que “permiten presumir que su aproximación a la indagatoria será profesional y objetiva”. Sin embargo, recordaron que los retos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa no son menores, pues tendrá a su cargo una investigación compleja, con múltiples líneas, acusaciones pendientes de presentar y planes de búsqueda por materializar. Por ello, le pidieron trabajar de la mano con la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y con organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.