CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció su determinación de solicitar un arbitraje internacional por la obra del gasoducto marino Brownsville-Tuxpan, el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, expresó su “preocupación” por la señal de que México “no desea respetar los contratos de gasoductos”. El 13 de junio de 2016, la CFE otorgó un contrato por 2 mil 164 millones de dólares para la construcción y operación de ese gasoducto a Infraestructura Marina del Golfo, una empresa ad hoc conformada por IEnova –dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes-- y la empresa canadiense TransCanadá, ahora llamada TC Energía. El pasado lunes 24, la CFE envió a Infraestructura Marina del Golfo una solicitud para iniciar un arbitraje y exigió “la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte, que hacen referencia a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la CFE inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos, entre otros”. El anuncio de la solicitud generó molestia en la embajada de Canadá, cuyo titular expresó hoy en su cuenta de Twitter: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”. El pasado 11 de febrero, López Obrador deploró los “contratos leoninos” que la CFE otorgó al sector privado para la construcción y operación de siete gasoductos controlados por el sector privado, que la empresa productiva del Estado paga sin que estén operando. Entre esos siete gasoductos destaca el Texas-Tuxpan; otros dos son controlados por TransCanadá --el Tuxpan-Tula, adjudicado por 400 millones de dólares, y el Tula-Villa de Reyes, por 550 millones de dólares-- y dos más que controla IEnova.