CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), impugnó la negativa de un juez federal para otorgarle la suspensión definitiva contra el congelamiento de sus cuentas bancarias. Ello ocurrió después de la que la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos también manifestó su interés de investigar las cuentas del presidente de AHMSA, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de comprar a Petróleos Mexicanos (Pemex) una planta chatarra de fertilizantes. El pasado lunes 8, Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, notificó de manera oficial la negativa para otorgar medidas cautelares previstas en el proceso de amparo 945/2019. Lo anterior tiene relación con la orden internacional para tener bajo custodia las cuentas bancarias mientras se desarrollan las investigaciones contra Ancira por su probable responsabilidad en operaciones irregulares en las que está involucrado Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. De acuerdo con la notificación para negar las medidas cautelares, las autoridades de la DEA “exhibieron el oficio MX-19-0225 firmado por el director regional adjunto, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico, quien a su vez es apoderado y autorizado de las morales quejosas”. Tras la resolución, el pasado viernes 12, Ancira Elizondo impugnó a través de un recurso de queja para que un tribunal federal atraiga su solicitud de suspensión definitiva, donde pidió protección contra el “aseguramiento, congelamiento, bloqueo y/o embargo de cuentas bancarias”. A decir del juez Regis López, de liberar los recursos y las cuentas bancarias del presidente de AHMSA “se contravendrían disposiciones de orden público en los términos citados en el cuerpo de esta determinación”. En especial, la presunción de legalidad de las actuaciones de las autoridades responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que derivan de un oficio internacional, así como la posibilidad de que hayan existido violaciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera no reportadas.