CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció que algunos de sus albergues para migrantes padecen “actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización” en sus “labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos”. A través de un comunicado de prensa, la CEM detalló que “los casos más recientes” de hostigamiento contra sus albergues se dieron en el Centro de Atención al Migrante Exodus, localizado en Agua Prieta, Sonora, donde irrumpió la Guardia Nacional. Igualmente, a la Casa del Migrante de Saltillo llegaron elementos de la Policía Federal a criminalizar a los internos, mientras que los albergues DHIA, en Ciudad Juárez, y Uno de Siete Migrando, localizado en la ciudad de Chihuahua, están siendo criminalizados por la Fiscalía General del estado de Chihuahua. En un comunicado indicó que hay “preocupación” en la Iglesia por las “masivas detenciones de migrantes” que se están realizando en Estados Unidos, pero también por la actual política migratoria que en México están aplicando la Policía Federal Preventiva, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) y en general la Secretaría de Gobernación, dependencias que –abundó-- ya están “solicitando información que los albergues manejan de manera interna, para salvaguardar la vida de las personas en tránsito”. La CEM consideró que se trata de una política de “terror psicológico”, y se manifestó preocupada por “el cambio en la política migratoria del gobierno de México”, que pasó “de una actitud de bienvenida” a los migrantes, “a otra de contención y deportación”. El organismo cúpula de la jerarquía católica del país, que aglutina a alrededor de 150 obispos y arzobispos, también aludió al endurecimiento de la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, con tal de impedir la imposición de aranceles por parte del mandatario estadunidense Donald Trump.

“Tristemente constatamos que esta dignidad como personas e hijos de Dios está siendo vulnerada, pues ha sido ‘cambiada por un plato de lentejas’. México, sin una política migratoria efectiva, se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano, aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”, subrayó.

Sobre la Guardia Nacional, recalcó: “Los muros no sólo se construyen con piedras y ladrillos, sino también con actitudes negativas como el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en nuestras fronteras, como una solución fallida para frenar la migración; un muro no atiende a la raíz y a las verdaderas causas del fenómeno migratorio”. Y enfatizó que “la dignidad y la soberanía de nuestra nación, así como la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, están muy por encima de cualquier negociación”. La migración, abundó, “tiene como principio el hambre, la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades que reclama la creación de fuentes de empleo y la reconstrucción del tejido social”. Tras mencionar que la Iglesia, “como madre y protectora”, seguirá dando protección a los migrantes a través de sus albergues, hoy criminalizados por el gobierno de López Obrador, agregó: “Las casas, centros de derechos humanos y personas laicas están respondiendo con humanidad, como es el mandato del Papa, y por ello han sido objeto de actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos de estas poblaciones”. Por último, la CEM se dijo dispuesta a “seguir colaborando con todas las iniciativas que permitan encontrar un camino de mayor seguridad y protección de los derechos humanos de quienes emigran”.