La CNDH presenta 18 denuncias contra 375 servidores públicos por caso Iguala

miércoles, 24 de julio de 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis denuncias penales y 12 administrativas contra servidores de la administración pública federal y del gobierno de Guerrero, derivadas de la recomendación 15VG/2018, emitida hace ocho meses por violaciones graves a los derechos humanos en el caso Iguala.

Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 22 de junio, contra 235 personas del servicio público, mientras que las administrativas incluyen a 140 servidores.

Además, siete quejas fueron llevadas a la Secretaría de la Función Pública y una ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Contraloría Interna de la Fiscalía General de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

En un comunicado, el organismo detalló que, de los 235 servidores públicos denunciados penalmente, 116 (82 de orden federal y 34 del estatal) “realizaron actos y omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar” a la FGR.

Añadió que 119 personas servidoras públicas (114 del orden federal y 5 del estatal) fueron denunciadas por participar en actos de tortura, trato cruel inhumano y/o degradante, detención arbitraria y otras violaciones “en los 65 casos en que este organismo constitucional autónomo acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados”. A los funcionarios también se les denunció en el ámbito administrativo.

En su comunicado, la CNDH hace referencia al caso de Carlos Canto Salgado, quien apareció en un video titulado “La verdad histórica ayotzinapa de carlos gomez arrieta” (sic), siendo torturado por un efectivo de la Policía Federal y otro de la Secretaría de Marina, mientras era interrogado. De ese documento dio cuenta la revista Proceso en su edición 2225 del 23 de junio pasado.

El organismo aseguró que al momento de emitir la recomendación 15VG/2018, acreditó que Canto “fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por detención arbitraria, dilación en la puesta a disposición ante la autoridad ministerial y trato cruel, inhumano y/o degradante, por agentes de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR y personal de la Secretaría de Marina”.

Tras conocer el video, la CNDH lo agregó al expediente como prueba superveniente, de ahí “se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden responsabilidades del caso”, abundó.

Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la persistencia de tortura en el caso, valida las declaraciones de Canto Salgado expuestas en el video, que para el organismo “no trastoca sino, por el contrario, va en el sentido de las conclusiones de la CNDH en su recomendación”, como lo es la identificación del “Puente del Chipote” de Iguala, como una de las rutas de desaparición de los normalistas.

De igual manera, señaló que la FGR, “al realizar las indagaciones en materia penal” y en el transcurso “profundice sus investigaciones”, tiene facultades para determinar si los casos planteados por el organismo como tratos crueles, inhumanos y/o degradantes pueden ser actualizados como posibles actos de tortura.

Además de este caso, el organismo presentó la denuncia penal “por acciones u omisiones” cometidas por personal de la entonces PGR en contra del detenido Agustín García Reyes, “El Cherejé”, en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, evento protagonizado por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Agregó que destacan dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la entonces PGR, “por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses ‘Costa Line’ 2513 y ‘Estrella Roja’ 3278, utilizados por los normalistas”.

En materia administrativa, la CNDH explicó que entre las 140 personas denunciadas (131 del orden federal y nueve del estatal), se encuentra personal de la Policía Federal destacamentado en la estación de Iguala, y en particular dos agentes de dicha corporación “por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el ‘Puente del Chipote’, y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos”, además de que se les denunció ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF por incumplir los “Deberes del Régimen Disciplinario”.

Tras señalar que dará seguimiento a las denuncias presentadas, la CNDH aplaudió la creación de la “Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa”, de la FGR, que tiene como titular a Omar Gómez Trejo, y mostró su disposición a colaborar con la instancia.

Por último, el organismo recordó que la recomendación 15VG/2018 contiene 224 propuestas de investigación y 128 puntos recomendatorios, entre ellos que se realice un peritaje en materia de genética forense a los 114 restos óseos y odontológicos recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, “para que hechos ominosos como los ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no se repitan y no queden en la impunidad”.