El colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza subrayó que esta situación impera en mil 30 municipios -principalmente ubicados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz-, donde viven 10 millones 300 mil personas, en mayoría indígenas.

Se destaca que 622 de estos municipios ya se encontraban en estos niveles de pobreza desde 2005, y los 400 restantes “agravaron su situación” en los siguientes 10 años.

Según la organización, dichos resultados evidencian las insuficiencias del Fondo de Infraestructura Social, un instrumento creado hace dos décadas en el opaco Ramo 33 y a través del cual la Federación distribuye recursos directamente a los municipios; este año, opera con 73 mil 98 millones de pesos.

“En esos territorios hay muchas trampas de pobreza, que atrapan a las personas, porque producen un círculo vicioso de carencias que se acumulan durante el ciclo de vida y se heredan a la siguiente generación”, planteó Lucila Servitje, integrante del colectivo.

La organización insistió en la necesidad de “romper el aislamiento” de las comunidades marginadas mediante la construcción de carreteras, y a la par de abandonar las prácticas de expropiación de tierras a sus habitantes, para privilegiar la incorporación de cooperativas.

También resaltó que la urgencia de garantizar un “paquete” de servicios públicos a estas comunidades, integrado por “servicios de salud y educación para el desarrollo infantil temprano e impulsar educación pertinente y culturalmente adecuada con calidad, en estos territorios”.

En una serie de recomendaciones para combatir el rezago de estos municipios, el colectivo sugirió incrementar el salario mínimo “por encima del nivel de satisfacción de las necesidades básicas”, así como implementar una política de empleo público y un plan de inversión en la ayuda al desarrollo.

Por otra parte, recomendó al gobierno que recaude más impuestos a la población más adinerada del país, mediante un impuesto progresivo sobre las herencias y las transmisiones de capital, y otro sobre la propiedad.