CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 136 empresas, con un total de mil 400 millones de pesos en multas, por irregularidades en las contrataciones públicas. Así lo señaló este martes la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, durante su participación en el foro “Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas: Responsabilidad compartida entre autoridades y empresas”. “Estoy convencida que el combate a la corrupción pasa por eliminar la concentración y el abuso de poder, así como terminar con la impunidad, hermana siamesa de la corrupción. Por eso, en lo que va de nuestra administración, la nueva Función Pública ha sancionado a 136 empresas, inhabilitado a más de una centena y establecido multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación y de asignación de contratos de compras públicas”, puntualizó la funcionaria federal. De acuerdo con Sandoval, en los últimos siete meses la SFP ha iniciado más del doble de las investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado. “La protección conduce a un mercado poco competitivo donde los cárteles buscan impedir la entrada de nuevos competidores en el mercado. El costo de esos privilegios, como es en la corrupción, lo pagamos todos los ciudadanos”, abundó. Sandoval sostuvo que en México los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte, por ejemplo, son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia. “Los hogares mexicanos pierden en promedio casi 17% de sus ingresos por la concentración de sus mercados”, enfatizó. Y, ante tal situación, urgió a ligar la política anticorrupción con la de competencia: “Vamos a trabajar de cerca, para que la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) pueda reportarnos a tiempo sus investigaciones en materia de competencia y la Función Pública pueda investigar y sancionar a quienes se coluden en contrataciones públicas”. De igual manera, expresó que compartirán experiencias para identificar actos de colusión en las compras públicas que no sólo afectan la estabilidad y equidad del mercado, sino la eficiencia del gasto público que debe priorizar el bienestar de la sociedad.