CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un Tribunal Colegiado ratificó el auto de vinculación a proceso contra el abogado Juan Collado Mocelo por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que continuará en prisión mientras se desahoga el juicio solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución fue emitida por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, quien consideró que el procedimiento que siguió Jesús Vázquez Rea, juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, es “apegado a derecho”, por lo que debe continuarse la investigación contra el “imputado respecto a los hechos que se le atribuyen”. De igual manera, declaró válida la prisión preventiva oficiosa que Vázquez Rea impuso a Collado el 10 de julio, toda vez que se confirmó “el auto por el cual se vinculó a proceso al imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”. El magistrado justificó que Collado Mocelo debe continuar en prisión preventiva oficiosa ante el grueso del expediente y su relación con lo dispuesto en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, puntualizó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). “Lo anterior, debido a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de Control sugieren, hasta este momento procesal, la participación de Juan ‘N’ en una organización que, a través de una simulación de actos jurídicos, lograron la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas SPEI”, recalcó. La defensa de quien fue abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari presentó un recurso de revisión, donde sostuvo que el delito de delincuencia organizada que se le imputa a su cliente no existe y mucho menos se configura un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple recepción de dinero a través de SPEI. Y aseguró que tampoco existen pruebas de que Juan Collado haya sido miembro del consejo de administración de Casa Libertad Servicios Financieros, cuando se dice que recibió un pago por 24 millones de pesos por la venta de los terrenos que reclama el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa y cuyo valor era de 156 millones de pesos. El CJF reiteró que a Collado Mocelo se le juzga con base en las reglas del Sistema Penal Acusatorio, y su vinculación a proceso “no prejuzga sobre su culpabilidad, pues en el desarrollo de la investigación complementaria se ofrecerán, en su caso, medios de prueba para esclarecer los hechos. Por ello –abundó-- se respeta en todo momento su presunción de inocencia”.