TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Decenas de organizaciones civiles de México y Guatemala, que conforman la Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migración y Género, reprobaron las políticas públicas migratorias de ambos países que ponen en riesgo cada vez más a los migrantes que buscan protección internacional en suelo mexicano y Estados Unidos, pues los exponen a la clandestinidad y a sufrir mayores ataques. El Capitulo Guatemala y México de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), dijo hoy que realizó actividades de monitoreo de derechos humanos y militarización en la región transfronteriza a lo largo de los más de 650 kilómetros de esta frontera sur mexicana, donde encontró una serie de irregularidades que se vienen registrando día a día. Dijo que el plazo para el trámite de documentos migratorios se alarga, aumenta la detención de personas en centros migratorios, que la política “Quédate en México” afecta a las personas solicitantes y comienza a tener repercusiones en el sur de México; que se incrementan los controles migratorios en la región fronteriza y que como sociedad civil han denunciado las nulas condiciones para asumir un Acuerdo de cooperación sobre asilo entre Guatemala y EU. En una misiva conjunta, la red de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes, dijo hoy en un informe emitido, que las personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas que realizan el trámite para acceder a la Tarjeta de Visitante Regional TVR, ante la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, se han visto obligadas a hacer largas filas y esperar plazos de hasta un mes para obtener su TVR, en meses anteriores el procedimiento y entrega se realizaba el mismo día. Recordaron que, en la madrugada del 6 de agosto, un hombre de nacionalidad haitiana murió dentro de una celda al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Que la persona llevaba horas quejándose y pidiendo atención médica, según personas detenidas dentro de la misma Estación. La situación se conoció gracias a un comunicado de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta oficial sobre los hechos, ni anuncios sobre la investigación de la muerte. Asimismo, dentro de la Estación Migratoria se han documentado casos de discriminación y racismo hacia personas haitianas. De igual gravedad, en las últimas semanas se han identificado personas que fueron detenidas, pese a que llevaban en libertad su proceso de solicitud de la condición de refugiadas, e incluso algunas ya cuentan con el reconocimiento de refugiadas. Refirieron que a mediados del mes de agosto se conoció que el gobierno mexicano comenzó a enviar en camiones a personas retornadas bajo la política estadunidense de los Protocolos de Protección a Migrantes o “Quédate en México”, desde dos puntos de la frontera norte mexicana hasta el municipio fronterizo de Suchiate. Consideraron que esta acción, afecta radicalmente la posibilidad de las personas para mantener su proceso de asilo en Estados Unidos. Además, a nivel municipal y estatal no hubo respuesta para garantizar sus derechos por lo que varias personas y familias optaron por regresar a sus países. Tapachula, bloqueo Señalaron que esta nueva situación de personas solicitantes de asilo retornadas al sur de México se une al drama de cientos de personas centroamericanas, haitianas, cubanas, africanas y asiáticas que se encuentran varadas principalmente en la ciudad de Tapachula – muchas de ellas detenidas- ante la ausencia de posibilidades para regularizar su condición o solicitar protección internacional. Dijeron además que, a finales del mes de julio en el punto fronterizo de Carmen Xhán (México) y Gracias a Dios (Guatemala), se observó un alto flujo de personas migrantes, especialmente originarias de El Salvador y Honduras. Y que esto conllevo a un aumento de los controles migratorios, por el lado de Guatemala, hubo presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Guardia Nacional (GN) del lado mexicano. El saldo fue un aumento en la detención de personas. Además de ello, el pasado 26 de julio los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron, tras amenazas económicas, el “Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección”, el cual ha sido reconocido como la aceptación por parte de Guatemala de convertirse en tercer país seguro. Explicaron que pese a que este acuerdo debe pasar por procedimientos jurídicos y legislativos nacionales, la sociedad civil guatemalteca ha denunciado que el país no tiene condiciones para asumirlo, por ser de hecho, un país expulsor de población. Las cifras muestran que Guatemala es el segundo país centroamericano, después de Honduras, con mayores solicitudes de asilo en EEUU, por la propia ausencia de un sistema de asilo nacional. Denunciaron también que en las últimas semanas se ha observado un mayor control por parte de las autoridades, que incluye la requisa y solicitud del Documento Personal de Identificación (DPI) por parte de la PNC a todas las personas tanto nacionales como extranjeras en el departamento de Huehuetenango, e incluso la detención de personas de El Salvador y Honduras, pasando por encima del acuerdo de CA-4. Por otro lado, el INM a través de su oficina en Ciudad Cuauhtémoc, inició la expedición del Formato Estadístico para mexicanos (FEM), que anteriormente solo se entregaba en salidas internacionales aéreas. Documentaron que en Tuxtla Gutiérrez se ha habilitado una nueva Estación Provisional que se suma a la ya existente Estación Migratoria “El Cupape”. Y que, pese a que en meses anteriores las personas migrantes guatemaltecas que pasaban por este corredor y eran detenidos por INM, eran retornadas vía la Mesilla, cómo punto fronterizo más cercano, actualmente están siendo deportadas por la frontera Ciudad Hidalgo-Tecún Umán, poniendo en riesgo su integridad física y emocional, ya que es una zona muy insegura. “Se percibe una disminución importante del flujo migratorio por las rutas más transitadas en este corredor, esto a partir del bajo número de autobuses con dirección al punto fronterizo de la Mesilla, Huehuetenango. Sin embargo, eso no significa necesariamente la disminución total del flujo, sino probablemente el incremento de formas con mayor clandestinidad, y por lo tanto, mayores riesgos en el tránsito migratorio por la región”, dice el informe emitido este miércoles. En el recorrido por la frontera sur mexicana, encontraron que en Nuevo Orizaba, municipio de Benemérito de las Américas se observó la construcción de un punto de aduana y control fronterizo donde se encuentran apostados efectivos del Ejército mexicano registrando a todos los vehículos, las personas y sus pertenencias. En esta zona de la Selva Lacandona y las Cañadas, se ha denunciado un amplio despliegue de efectivos de la GN como una acción de control a movimientos sociales de la región. También en Tenosique, Tabasco, se ha observado la disminución del tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional, cerca de un 40% con respecto al primer semestre del año. Aun así, las personas solicitantes de refugio ahora permanecen detenidas por más tiempo en las Estaciones Migratorias, llegando incluso en varios casos a dos meses. A esto se suma, la incomunicación a las que son sometidas, por lo que no tienen posibilidad de informar a sus familias del paradero y acceder a acompañamiento o información sobre sus derechos. En todo este escenario, se dijeron preocupados por el acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala, ya que bajo una serie de contradicciones y anuncios de medidas inexistentes; “nos encontramos a las puertas de medidas arbitrarias y violatorias de derechos humanos. En medio de un contexto nacional que no brinda las condiciones de protección y vida digna a personas nacionales y extranjeras”. Exponen en el informe, el registro de múltiples violaciones a los derechos humanos que viven las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en las estaciones migratorias y que siguen en condiciones de hacinamiento; especialmente les preocupa el aumento de acciones discriminatorias y xenófobas hacia población haitiana y de países africanos. De igual forma, se dijeron alarmados por el aumento de fuerzas de seguridad en toda la región transfronteriza que han ampliado su despliegue territorial, por los posibles riesgos para el bienestar y tranquilidad de la población. Pero, sobre todo, las medidas arbitrarias de las instituciones y autoridades mexicanas que aumentan las condiciones de vulnerabilidad de personas víctimas de la política de devolución del gobierno estadunidense y población centroamericana, caribeña y extracontinental que buscan acceder a trámites de regularización y solicitud de protección internacional. La Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migración y Género, la conforman de lado guatemalteco, American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM); Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala ACCSS; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI) y muchas otras más. Mientras que de lado mexicano, figuran Friends Service Committee, la Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC); el Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); el Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); la Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI); La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes, entre otras.