CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acciones en torno a la búsqueda de desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, la liberación de presos políticos, así como consultas a pueblos indígenas y sobre la violencia de género, son algunos de los temas que aborda el Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos. En la sección titulada “Libertad e Igualdad”, correspondiente al primer capítulo de “Política y Gobierno”, el documento entregado hoy al Congreso de la Unión reconoce “la grave crisis de derechos humanos que vive el país” y que el compromiso de López Obrador ante la situación heredada es “hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas”. El documento sostiene que en los primeros nueve meses de gobierno “se ha caminado de la mano con víctimas y la sociedad civil, así como con organismos internacionales”. En el caso específico de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el informe presidencial se refiere a él como “simbólico por la magnitud de sus agravios”, por la forma en que operaron perpetradores y por “la obstrucción a la verdad y justicia por parte del gobierno anterior”. Se enlistan las acciones llevadas a cabo para cumplir con el compromiso de esclarecimiento, como lo fue el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018 para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, a través del cual se giran instrucciones al gabinete para que colaboren en “establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas necesarias con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las víctimas” para conocer la verdad y se haga justicia. Al describir su conformación con representantes de funcionarios de dependencias gubernamentales, los padres y madres de familias, sus representantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), entre otros, el documento destaca que el organismo “ha impulsado las acciones necesarias para que la Fiscalía General de la República (FGR) reconduzca las investigaciones en campo”, aunado a que “ha dado atención integral a los sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos”. Como avances en el seguimiento del caso, se hace referencia a los acuerdos con la CIDH y con la alta comisionada Michelle Bachelet, para que brinden asistencia técnica, así como la reuniones de trabajo sostenidas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien en su momento era el procurador de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera. Como avances en el seguimiento de expedientes, se resalta la unificación de los expedientes para que sean analizados por una sólo área, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Se considera que “las acciones realizadas para llegar a la verdad del caso Ayotzinapa e impulsar la justicia son fundamentales para sanar heridas individuales y colectivas, así como garantizar la no repetición”. En cuando a otros casos, se advierte que la prevalencia de estos casos se derivan de “los efectos negativos de las estrategias fallidas del combate al crimen organizado, cuyos resultados impactaron en la atomización de los cárteles del narcotráfico provocando confrontación local y la proliferación de prácticas de violencia, principalmente la desaparición de personas”. Tras el somero balance, se indica que “es prioridad del presidente de la República hacer frente a este fenómeno sistemático y a la grave crisis de búsqueda e identificación forense”, por lo que el 24 de marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene como Secretaría Ejecutiva la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). De acuerdo con el informe, al 30 de junio, se crearon 24 comisiones locales de búsqueda, 18 de ellas ya con titular nombrado, en tanto que de los 210 millones de pesos autorizados para ser canalizados a las comisiones locales, se habían ejercido 90.5 millones para las comisiones de Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Se anuncia que la CNB trabaja en la creación de un sistema electrónico para el registro de personas desaparecidas, así como, en conjunto con la FGR, en un diagnóstico de las capacidades médico-forenses federales y estatales, para “hacer frente a la crisis forense fortaleciendo de forma urgente a las instituciones”. Al señalar que se han llevado a cabo procesos de pacificación en comunidades rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se informa sobre la liberación de “45 presos políticos”, acciones que han servido “para distender la relación entre población y gobierno, reconstruir el tejido social de las comunidades que se vieron afectadas por las privaciones de la liberad a sus integrantes y, en suma, apoyar los procesos de construcción de paz”. De acuerdo con el documento, los beneficiarios de la medida son personas “defensoras del agua, el territorio, los recursos naturales u opositoras a la Reforma Educativa del gobierno pasado”. En cuanto a violencia contra las mujeres, el documento señala que de diciembre de 2018 a junio de 2019, “se admitieron cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz”, en tanto que en otros ocho procedimientos de AVGM por agravio comparado y violencia feminicida, en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, “fueron supervisadas las acciones inmediatas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)”. De acuerdo con datos aportados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), se registraron de enero a mayo de este año, 37 mil 727 denuncias por violencia contras las mujeres. Ante la alta incidencia de agresiones contra las mujeres, el gobierno federal firmó un convenio con agencias de la ONU para eliminar todas las formas de violencia denominado “Iniciativa Spotligtht”, a desarrollarse en los municipios de Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua, y Chilpancingo, Guerrero, con una inversión de 11.8 millones aportados por la Unión Europea. En cuanto a los pueblos indígenas se hace referencia a la realización de 25 foros de consulta para la incorporación de propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, así consultas para la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; para la “Ampliación y Habilitación como Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No.1”, de Santa Lucía, Estado de México; y para el “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.