CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a reformar la Ley General de Atención a Víctimas, ante los “obstáculos” a los que se enfrentan miles de personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Al participar en el conversatorio “Reparación Integral de Daño en Casos de Violaciones Graves a Derechos Humanos en México”, el ombudsman señaló que pese a la existencia de “distintos niveles de protección y apoyo a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”, persisten obstáculos para acceder al sistema de procuración y administración de justicia, así como a la reparación integral de daño. Al señalar que prevalece un “trato revictimizante”, así como “retrasos injustificados en la investigación de los delitos” y la “minimización de la gravedad de la agresión de que fueron objeto”, el ombudsman sostuvo que las víctimas enfrentan dificultades para acceder a la asistencia y ayuda. “No son dádivas, son derechos que tienen las víctimas”, sostuvo el ombudsman al puntualizar que se requiere “hacer una reforma a la Ley General de Atención a Víctimas, necesitamos mejorar sus procedimientos y necesitamos una articulación efectiva entre la Comisión Ejecutiva Federal y las comisiones ejecutivas locales”. González Pérez resaltó que en materia de atención a víctimas un “pendiente” importante reside en las omisiones de algunos estados en la creación de comisiones ejecutivas estatales, como en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora. Para el ombudsman, ante miles de víctimas que hay en el país, es indispensable que “la atención a las víctimas impulsada desde sus inicios por organizaciones sociales, debe consolidarse principalmente en las instancias de procuración de justicia, las comisiones de atención a víctimas y los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en quienes recaen mayormente su atención institucional”. El presidente de la CNDH señaló que la falta de respuesta a las exigencias de las víctimas, “muestra la indiferencia ante el sufrimiento y dolor” de ellas y de sus familias. Consideró que “todas las instituciones públicas, en su respectivo ámbito de competencia, deben buscar que las víctimas reciban atención debida como sector vulnerable, colocarlas en el centro de la discusión, buscar su participación y representación técnica”. Asimismo, agregó que la indemnización que se fije, debe ser una “compensación justa que abarque el daño moral y material; señalar los derechos que las autoridades, como garantes, están el de proteger, investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, dictar medidas de no repetición, satisfacción, rehabilitación necesaria, y verificar que las instituciones del Estado cumplan”. Para González Pérez la reforma a la Ley General de Víctimas debería estar encaminada a realizar cambios en lo relacionado a los “casos de violaciones graves de derechos humanos para asegurar que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos”. Agregó que las modificaciones deben estar encaminadas a que las víctimas “gocen de atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia les permitan una reparación que no dé lugar a revictimización, y que haya evaluación periódica de cada caso hasta alcanzar una reparación adecuada, efectiva y rápida de daño sufrido”. En el conversatorio participaron la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebra; el director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, así como familiares de víctimas como Araceli Rodríguez, Norma Ledezma Ortega, Luis Ángel León Rodríguez y Paloma Escobar Ledezma.