CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de las fiscalías de justicia de Guanajuato y San Luis Potosí a reparar el daño a los familiares de un hombre que murió a causa del uso excesivo de la fuerza pública atribuible a elementos de la Policía Federal, en hechos ocurridos en 2015. En la recomendación 55/2019, la CNDH exhortó a Alfonso Durazo Montaño, así como a los fiscales de Guanajuato y San Luis Potosí, Carlos Zamarripa Aguirre y Federico Arturo Garza Herrera, respectivamente, a colaborar con el organismo para emprender acciones legales en contra de los agentes que ocasionaron la muerte del civil, secuestraron a su menor hijo, y no procuraron justicia a la familia de la víctima. https://twitter.com/CNDH/status/1171828278660874243?s=20 El expediente, iniciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), acreditó “violaciones a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, libertad personal, legalidad y al interés superior de la niñez, atribuibles a personal de la PF, así como la vulneración al derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por servidores públicos de dichas fiscalías”. De acuerdo con el documento recomendatorio, entre las 02:00 y las 02:30 horas del 20 de septiembre de 2015, un hombre y su hijo de 16 años fueron detenidos por elementos de la PF, quienes dispararon al padre de familia, y más tarde dejarían al menor de edad sobre la carretera hacia Sarabia, Guanajuato, hechos que fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público de Guanajuato, la PDHEG, la Coordinación Estatal de la PF y el área de Asuntos Internos de la PF. El 21 de septiembre, el agente del Ministerio Público del Municipio Villa de Reyes, San Luis Potosí, dio fe del hallazgo del cadáver de una persona de sexo masculino, en el tramo carretero Villa de Reyes-San Felipe, Guanajuato, lo que derivó en una averiguación previa. El 24 de septiembre, la pareja de la víctima, identificó al cadáver localizado en San Luis Potosí, donde las autoridades correspondientes le expidieron un certificado de defunción “en el que se estableció que había muerto por atropellamiento, lo cual era falso”, además de que se le dieron dos documentos, uno en el que se señala que la defunción fue el 19 de septiembre de 2015 a las 20:00 horas y otro que ocurrió el 20 de septiembre a las 7:00 horas. Esa situación fue notificada por la esposa de la víctima ante la PDHEG y a la propia CNDH el 28 de septiembre. En la investigación de los hechos, el organismo determinó que los elementos de la PF “no fue acorde con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que derivó en la pérdida de la vida de una de las víctimas, en tanto que la detención de la otra persona se hizo sin orden de aprehensión o acreditar flagrancia, además de que no fue puesta a disposición de la autoridad competente para que resolviera la situación jurídica, exponiendo a mayor vulnerabilidad al no considerar su condición de persona menor de edad”. En cuanto a las indagatorias realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, el organismo concluyó que la dependencia “no recabó testimonios de otras personas que aportaran mayores elementos a la indagatoria, ni citó a los agentes federales -identificados por una de las víctimas- para entrevistarlos en relación con los hechos y no recabó evidencias registradas en cámaras de seguridad”. De la entonces Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí, la CNDH observó que “el dictamen de necropsia realizado a la víctima mortal no cumplió con el objetivo de determinar el intervalo post mortem, no realizó la descripción de los elementos necesarios para el estudio de lesiones y tampoco contribuyó a establecer las causas de defunción”. La CNDH recomendó al titular de la SSyPC a coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas para que se repare el daño integralmente a la persona menor afectada y a su familia, víctimas indirectas del caso, otorgándoles atención psicológica y tanatológica, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. A lo anterior se suma la petición de colaboración en la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República y la queja ante la Secretaría de la Función Pública contra los servidores públicos involucrados, así como capacitar a los agentes de la PF en materia de derechos humanos “con énfasis en las obligaciones establecidas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza, Código de Conducta para Funcionarios y el Protocolo de Actuación de la Policía Federal”. En cuanto a los fiscales de Guanajuato y San Luis Potosí, la CNDH los instó también a reparar el daño a las víctimas, así como su colaboración para iniciar procedimientos administrativos contra el personal involucrado en los hechos y capacitar al personal en materia de investigación criminal, adecuada preservación del lugar de los hechos, cadena de custodia y debida diligencia. Acepta recomendación La SSyPC dio a conocer por la noche que aceptó la recomendación de la CNDH. https://twitter.com/SSPCMexico/status/1171959784398098433?s=20 "A partir del 1 de diciembre de 2018, la SSPC ratifica que dará cabal seguimiento a todos los documentos recomendatorios de hechos ocurridos en la pasada administración, y de ofrecer la información que se requiera en las investigaciones, con pleno respeto a las atribuciones y autonomía de las distintas instancias", indicó la dependencia. "En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se establecerán acciones de colaboración necesarias para lograr la reparación integral del daño, atención psicológica y tanatológica de las víctimas. “De igual forma se girarán instrucciones a efecto de diseñar e impartir cursos para el personal de la corporación en materia de derechos humanos, con énfasis en las obligaciones establecidas en materia de uso de la fuerza. “Como ya se ha manifestado esta Secretaría reitera su compromiso en emprender acciones con el pleno respeto a los derechos humanos, bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, ejerciendo con todo profesionalismo su responsabilidad en materia de seguridad", indicó.