CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, junto con académicos y defensores, hicieron un llamado al Senado de la República para que en la designación del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “garantice un proceso que permita contar con un perfil con amplio conocimiento en la materia y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución”. El pronunciamiento surge después de que se anunció que en próximos días las comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara alta emitirán una convocatoria para nombrar al ombudsman nacional, dado que el periodo de gestión de Luis Raúl González Pérez vence el 15 de noviembre. Bajo el lema #SinCuotasNiCuates, los firmantes de la petición recordaron que la designación es de gran trascendencia “ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad” en México. En un comunicado, los activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) resaltaron los números ominosos que evidencian “la crítica situación del país”: más de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil homicidios, las tres mil fosas clandestinas halladas, 26 mil cuerpos sin identificar y nueve asesinatos de mujeres al día. Ante tal realidad, recomendaron a los senadores siete puntos fundamentales para llevar a cabo un relevo que atienda los Principios de París, relacionados con el “funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de derechos humanos”. El estándar internacional considera que el nombramiento de los titulares de los organismos públicos de derechos humanos “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”. Los firmantes del pronunciamiento solicitaron al Senado de la República que en la convocatoria que emita para la designación del ombudsman nacional, “se dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas y criterios que guiarán las decisiones del proceso”. Y, luego de manifestar que este año debe superarse “en mejores términos” las experiencias de las anteriores legislaturas, pidieron que se “garantice el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés público toda la información de esta designación”. Consideraron indispensable que se establezcan “mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en la inclusión de víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos”. De igual manera, recomendaron a los senadores definir “criterios claros y objetivos para evaluar a las y los candidatos que den pauta a un análisis riguroso de sus cualidades y méritos profesionales para asumir el cargo”. Asimismo, pidieron a los legisladores rendir cuentas sobre “las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión”, y que garanticen “la igualdad y no discriminación, en particular la equidad de género, en la valoración de las candidaturas propuestas”. Para las organizaciones, defensores y académicos que firmaron el pronunciamiento, “el buen desempeño de las instituciones pasa necesariamente por designaciones que aseguren estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”. Los senadores –subrayaron-- “tienen la enorme responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad a esta designación clave para el futuro de México, y de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado”. El documento está respaldado por 114 organizaciones civiles y por 77 académicos y defensores. Entre las organizaciones firmaron: Amnistía Internacional México; Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), conformada por 87 agrupaciones; Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Observatorio de Designaciones Públicas; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. También la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar, Centro de Análisis e Información, Red por los Derechos de la Infancia, Servicios y Asesoría de Paz, Grupo de Información en Reproducción Elegida y Centro Nacional de Comunicación Social, Entre los académicos y defensores destacan: Mariclaire Acosta, Alfredo Lecuona, Catalina Pérez Correa, Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Eliana García, Jacobo Dayán, Jaqueline L’Hoist, Maite Azuela, Luis Daniel Vázquez y Pablo Romo Sedano, entre otros.