CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió al gobierno de México y a la Fiscalía General de la República (FGR) a atender la recomendación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para reencauzar la investigación y evitar que más presuntos responsables sean liberados. Al término de su participación en el foro “Origen y evolución de las instituciones de derechos humanos. El caso España y México”, el ombudsman reiteró que desde 2015, en los cuatro reportes previos a la emisión de la recomendación 15VG/2018, había señalamientos sobre las debilidades de las investigaciones, así como elementos “para que en los subsecuentes procesos que haya o los que se vayan a iniciar contra personas que hayan sido liberadas, se analicen esos elementos para que, en su caso, se puedan reiniciar nuevamente, sin afectar los derechos humanos de nadie”. Luego de señalar que a casi un año de emitida la recomendación no ha sido atendida, González Pérez consideró que en el documento --emitido en noviembre del año pasado-- “hay elementos que la Comisión Nacional puede aportar”, de manera que se pueden iniciar procedimientos contra personas que incluso han sido liberadas. El ombudsman destacó que en el mismo documento hay señalamientos sobre las responsabilidades que tendrían funcionarios públicos, “220 líneas de investigación propuestas y 120 recomendaciones específicas”, entre ellas que se mandara a periciar 114 restos óseos de 63 mil localizados en el basurero de Cocula, para identificar a quién pertenecen. Si no son de los 43 estudiantes, “hay 40 mil personas desaparecidas, a alguien corresponden”. González Pérez señaló que las autoridades federales han justificado la falta de atención a la recomendación con el argumento de que “están desarrollando rutas de ubicación de las personas”, situación que, dijo, no tendría por qué alterar el cumplimiento de las observaciones de la CNDH. En un comunicado difundido antes de la entrevista, el organismo llamó a seguir las líneas de investigación planteadas en la recomendación 15VG/2018, “que podrían definir el sentido de todo el caso y los delitos por los que presuntos responsables tendrían que responder”. Asimismo, resaltó que debe someterse a exámenes genéticos “a los múltiples fragmentos que se encontraron y que, inexplicablemente, siguen sin llevarse a cabo”. Para el organismo, la verdad en el caso Iguala “es una y no puede estar sujeta a coyunturas o interés de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan justicia y reparación a las que tienen derecho”. Consideró que someter a investigación a exfuncionarios por “posibles irregularidades u omisiones”, así como la presunta “laxitud de algunas resoluciones judiciales”, como se ha expuesto tras las liberaciones, “no debe distraer la atención del objetivo prioritario, que es el de evitar que este asunto quede en la impunidad”.