NUEVA YORK (apro).- La jueza federal Carol Bagley Amon, de la Corte de Brooklyn, sentenció a 20 años de prisión al exfiscal general de Nayarit, Édgar Veytia. Acusado de tres cargos por traficar drogas a Estados Unidos, Veytia también fue condenado a cinco años de libertad bajo supervisión, así como a entregar un millón de dólares de activos confiscados. En la sentencia, la jueza Amon consideró que Veytia había cometido un “delito extraordinariamente serio”, y explicó que el fiscal, apodado El Diablo según la acusación de la fiscalía, también había autorizado el uso de violencia en su estado, incluyendo asesinatos. Amon aceptó parte del argumento de la defensa, de que Veytia había sido colocado como autoridad en un estado con altos niveles de corrupción y de violencia, por lo que no tenía opción más que corromperse. Su tarea era “imponer la ley en un área de México donde no había leyes”, indicó Amon. Sin embargo, expresó que Veytia había permanecido en el estado de Nayarit por un interés financiero. Explicó que dado que Veytia tiene la ciudadanía estadunidense, y contaba con propiedades en California, el funcionario pudo haber emigrado a Estados Unidos, y así escapar de la violencia en México. Veytia, por su parte, expresó que lo habían colocado en un “estado de guerra”, pero que aceptaba que había cometido “errores”, por lo que pedía clemencia a la juez. La acusación de la fiscalía se basó en los favores de Veytia al llamado Cartel H-2, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de sobornos. Bajo la protección de Veytia, el Cartel H-2 distribuyó cientos de kilos de drogas a Estados Unidos. Su ayuda también implicó la liberación de prisión de miembros y asociados del Cartel H-2 acusados de tráfico de drogas y posesión de armas, entre otros delitos. Asimismo, instruyó a agentes de las fuerzas del orden a atacar a narcotraficantes rivales en Nayarit. Veytia se había declarado culpable el pasado 4 de enero, luego de que fuera arrestado en marzo de 2017 en la ciudad de San Diego tras cruzar la frontera desde México. Más tarde fue trasladado a Nueva York, donde fue radicado su caso. En agosto último, la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio cuenta de las correrías de Édgar Veytia en su paso por la Fiscalía General de Nayarit. A continuación, se reproduce el texto: Los nayaritas supieron lo que era vivir en el infierno, mucho antes de que en Estados Unidos hicieran público que, en el mundo del crimen organizado, al exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia lo apodaban “El Diablo”. Poco a poco salen a la luz las historias de terror, desaparición de personas, secuestro, extorsión, levantones y asesinatos sufridas por comerciantes, dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o malbaratar sus tierras. Las que se describen a continuación son las de un grupo de comerciantes se atrevieron a enfrentar a Veytia –hoy preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico— y que fueron documentadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Era la primavera del 2013 –entre mayo y junio– cuando un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los dos kilómetros de playa en Guayabitos –municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando. Y aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se enfrentaron a Édgar Veytia, quien apenas unas semanas atrás –en febrero de ese mismo año– había sido nombrado Fiscal, si bien hacía tiempo que estaba al mando de la policía. Entre los comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Veytia en la Fiscalía del estado –ubicada al poniente de la capital nayarita– también iban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA. Justamente entre febrero y marzo de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit cocinaban la designación de Veytia como Fiscal a propuesta de su amigo, el gobernador Roberto Sandoval. Antes de escuchar a los vecinos de Guayabitos, Veytia colocó una pistola con sus iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio. Lo hizo en un solo movimiento. El ruido del arma sobre la madera intimidó a los comerciantes. Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según testimonios obtenidos por MCCI. De acuerdo con la investigación, uno de los asistentes grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia y a lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchaban gritos desesperados de una mujer que suplica con gritos de dolor que paren. Pero Veytia no reparó sobre los lamentos y ni él ni sus guaruras procuraron averiguar qué pasaba, incluso refiere MCCI, el Fiscal habla como si las exclamaciones de dolor y el llanto de la mujer fueran parte del ambiente. La organización encabezada por Claudio X González obtuvo copia de esa grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos y comprobó con cuatro distintas fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico. MCCI se reservó los nombres de sus fuentes por razones de seguridad y porque la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit. Como también ha publicado Proceso, en el periodo 2011-2017, durante el gobierno del priista Roberto Sandoval policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero. Tras su captura en Estados Unidos, se publicó que el exfiscal facilitaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima, puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic. Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. Terrenos arrebatados José Cruz Corchado Partida tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Veytia secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas un 40% por debajo de su precio. “Quiero que me vendas (…) Te voy a pagar a mil 900 pesos el metro cuadrado y, si no quieres, de todos modos, va a ser mío ¿cómo la ves?” Le dijo Veytia a Corchado con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz; llamaba Sandoval, el gobernador. –¿Qué? ¿Ya trataste con nuestro amigo?– le preguntó Sandoval –En eso estamos, señor gobernador– dijo Veytia. –Si no lo quiere vender, enciérramelo uno o dos días para que afloje– sugirió. –No pues así por las buenas, sí te vendo– respondió Corchado. Sin embargo, el dinero pactado no llegó completo a manos del ganadero. Para compensar lo que faltaba, le ofrecieron dos departamentos que él no quiso. “Ahí estaban antes puros malandros”, relató a MCCI en una entrevista. Casi la mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad como una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños. Cuando Sandoval dijo “enciérramelo unos días para que afloje”, Corchado sintió pavor. Si no entregaba sus tierras, lo llevarían al penal para encerrarlo en “la jaula de los locos”. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo insoportable. “La jaula de los locos” le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. “No hay quien aguantara más de una noche ahí”, dijo a MCCI Juan Miguel Coppel Godoy, un vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó en un secuestro. Para liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300 mil pesos. Unos enviados de Veytia los llevaron con una prestamista: a cambio de las escrituras de una casa les darían lo justo para soltarlo. Ellos se negaron, su vivienda valía por lo menos un millón de pesos. Esta decisión tuvo sus consecuencias: Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. “¡Jálale! porque no te voy a dar nada”, les decía a los enviados de Veytia. Tres años después, él quedó en libertad porque no había pruebas en su contra. En mayo pasado, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadunidense (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al exgobernador Sandoval en la lista negra por estar involucrado con el CJNG. Según la acusación, Sandoval permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y recibió sobornos. Cuando Veytia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno de Sandoval, las historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la existencia de “la jaula de los locos”, y las anécdotas sobre los secuestros estallaron: más de dos mil personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron haber sido víctimas del Fiscal y de sus policías, luego de que un grupo de ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera lo sucedido durante los últimos seis años. Las protestas desencadenaron la creación de la Promotora de la Comisión de la Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD. Las denuncias afloran A partir del 14 de junio del 2017 esas protestas fluyeron. La Comisión de la Verdad informó que 543 acusaciones podían convertirse en denuncias. La gente tenía miedo de acudir ante la Fiscalía, aunque se trataba de un nuevo gobierno, otros señalamientos no tenían testigos y, en algunos casos, los posibles delitos habían prescrito. Las primeras 25 se presentaron ante la nueva Fiscalía encabezada por Petronilo Díaz Ponce. Hasta las dos primeras semanas de este agosto no había información pública sobre el estatus de esos expedientes. Es decir, a más de dos años y medio de distancia no se sabía de alguna persona detenida, o de órdenes de captura, de acuerdo con los abogados de las víctimas. MCCI solicitó una entrevista con el Fiscal, pero, hasta el momento de publicar su investigación el funcionario no encontraba un espacio en su agenda de trabajo. Sin embargo, el pasado viernes por la tarde, Petronilo Díaz llamó a conferencia de prensa en la que informó sobre 28 carpetas de investigación: 11 contra el exgobernador Roberto Sandoval y 17 contra Veytia. De esos expedientes, ya cuentan con tres órdenes de aprehensión contra el exfiscal por extorsión, amenazas y secuestro. Respecto al exmandatario, reveló que le incautaron 12 inmuebles. El nuevo Fiscal también dijo que, en tres casos, las víctimas obtuvieron bienes inmuebles como reparación del daño y, a otra más, se le entregaron 53 hectáreas. De acuerdo con la revisión que hizo MCCI a las denuncias manejadas por la Comisión de la Verdad, en 21 de los 25 casos llevados ante la Fiscalía, el exgobernador Sandoval figura como el principal señalado por despojos. Algo similar sucede con Veytia: su nombre junto al de los policías sin rostro fueron acusados en 18 de esos expedientes, aunque a ellos también los responsabilizaron de torturas. MCCI tuvo acceso completo a 14 de los 25 expedientes presentados ante la Fiscalía entre 2017 y 2018. En ellos aparecieron 62 personas. Entre ellas se encuentran notarios ubicados en Nayarit. Las víctimas de Veytia eran llevadas a sus oficinas para que validaran el traslado de dominios o venta de propiedades, de acuerdo con los testimonios. Los notarios referidos fueron los siguientes: Arturo Luna, Carlos E. Alfaro, Jorge Arturo Parra, Pedro Soltero, Emilio M. González, Héctor Manuel Béjar y Jesús Torris Lora. Sólo dos de ellos accedieron a hablar con MCCI: Toris Lora y Arturo Luna López de la Notaria 6. Este último se limitó a decir: “Eso es falso. Una calumnia. Yo no lo hubiera permitido. Todo estaba en regla. En mi caso, esa historia es un invento”. De los 14 expedientes revisados, 10 son por despojo de inmuebles, nueve por extorsión; en todos los casos hay torturas y en los casos de los entrevistados por MCCI, todos nombraron a Veytia. El ascenso de Veytia Veytia ascendió de puesto durante el gobierno de Sandoval. En 2011 inició como secretario de Seguridad Pública y para el 2015 ya se había convertido en el primer Fiscal de ese estado. En el ámbito personal, cursó una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Ciencias Forenses, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Sin embargo, el último de sus grados académicos no está registrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con una revisión hecha por MCCI antes de publicar su investigación. Tampoco hay antecedentes de que concluyera el bachillerato, y su doble nacionalidad –mexicano y estadunidense– no lo hacía candidato para el tipo de cargos que ocupó. El 2013 fue uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales abiertos llegaron a siete mil 726. Tepic era un campo de batalla; el CJNG y los hermanos Beltrán Leyva se disputaban el territorio. Siete años después, Veytia ha confesado que trabajó para el primero de esos grupos y al exgobernador Sandoval lo investigan en Estados Unidos por proteger al mismo cartel. Por aquel entonces hubo un homicidio que acaparó la atención de los nayaritas: el 15 de diciembre del 2013 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia. Según la versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, Venus María Valdés. Las pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constaba cómo primero la durmió usando 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que en el cuerpo de la víctima no hallaron rastros de ese medicamento, y sobre todo, el tipo de heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida. Venus María Valdés –de 34 años de edad– dijo en una de sus declaraciones ministeriales (expediente 905/20013) que a su madre la asesinaron porque ella tenía información sobre “muchas cosas” que Veytia había cometido y, sobre todo, del enfrentamiento entre marinos y gatilleros ocurrido en la Laguna de Santa María del Oro. En ese sitio fueron detenidos policías de Nayarit bajo el mando de Veytia que estaban a cargo de la seguridad en una fiesta donde fueron sorprendidos lugartenientes de los hermanos Beltrán Leyva. Cuando sucedió esto, en octubre del 2013, el exfiscal colaboraba con ese cártel y, tiempo después trabajó para el CJNG, de acuerdo con información difundida por la prensa local En el audio conseguido por MCCI hay al menos un dato revelador sobre qué papel jugaba el exfiscal: cuando los comerciantes y hoteleros de Guayabitos intentan explicar que fueron amenazados y obligados con armas de fuego a firmar contratos, Veytia golpea la mesa. Les grita que, personalmente, se encargó de poner orden en la zona para que nadie los molestara. Lo que ellos le reclamaban pertenecía al pasado. En el momento de mayor ofuscación, Veytia dijo que él mismo se encargó de El Bigotes, quien se guarecía en la comunidad de La Resolana, en los límites con Sinaloa. “No me vengan esas cosas. Yo personalmente he acabado con eso”, gritaba Veytia. El Bigotes, se llamaba César González González. Un lugarteniente del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Un exmilitar violento, acusado de perpetrar unos 40 homicidios, así como secuestros y violaciones. El 17 de marzo del 2012 El Bigotes fue asesinado. Su cuerpo lo encontraron en un paraje cerca de su refugio. Para ese entonces, Veytia era el encargado de la Procuraduría de Justicia en Nayarit. El pasado 3 de julio –mientras se desarrollaba la etapa final de esta investigación periodística– aparecieron los cuerpos sin vida de los policías Roberto Quiñones y Juan Huerta. El primero de ellos fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones durante la época de Veytia. En ocho entrevistas grabadas por MCCI y otras cinco personas consultadas por separado para este trabajo se identificó a ambos policías como parte del equipo de Veytia encargado de secuestrar y torturar. Asimismo, la jueza reconoció algunas buenas acciones del exfiscal, “como dar comida a los pobres” y aclaró que “aunque sus delitos alcanzan cadena perpetua, he tomado una decisión difícil”. Documentos de la Corte, revelan que Édgar Veytia comenzó su carrera criminal muchos años antes de su nombramiento como fiscal en enero del 2013, misma que finalizó el momento de su arresto en febrero del 2017.