CNDH expone ante la CIDH su preocupación por la liberación de 25 implicados en caso Ayotzinapa

lunes, 30 de septiembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se entrevistó con Esmeralda Arosamena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para manifestarle su preocupación por las últimas 25 liberaciones de personas implicadas en el caso Ayotzinapa, y denunció el incumplimiento de la recomendación relacionada con el tema. En un comunicado de prensa, la CNDH divulgó la reunión que sostuvo con Arosamena y con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao; el relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y la relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, en el contexto del 173º Periodo de Sesiones del órgano de la OEA. Acompañado por la secretaría ejecutiva de la CNDH, Consuelo Olvera Treviño, y el responsable de la Oficina para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta, González Pérez habló con Arosamena y Abrao para advertir “sobre el riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales propicien la liberación de más probables responsables”. El ombudsman expresó la convicción del organismo que encabeza, “de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada, con base en la integralidad de elementos probatorios e información que contiene la recomendación 15VG/2018, la cual –subrayó-- no ha sido atendida ni cumplida”. Durante su visita a Washington, sede de la CIDH, consideró que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa persiste “el riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales propicien la liberación de más probables responsables”, como fue advertido por el organismo mexicano en el primer reporte sobre el caso, emitido en julio de 2015. Ante Arosamena, quien también funge como relatora especial para México en la CIDH y ha participado activamente en el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, González Pérez manifestó la urgencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) “actúe para subsanar tales situaciones al fortalecer, encauzar o iniciar nuevos procesos penales, debidamente sustentados, que permitan reaprehender, en términos de Derecho, a quienes siendo responsables hayan sido liberados”. Durante la presentación de la recomendación 15VG/2018, el ombudsman resaltó que la determinación de invalidar algunas pruebas del expediente, “en tanto que se obtuvieron de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que cuentan las autoridades, lo que debe ser señalado y defendido dentro de las causas judiciales”. Añadió: “El hecho de que se haya determinado llevar a cabo nuevas investigaciones, no puede significar que se dejen de lado elementos y resultados de las realizadas previamente o que se abandonen los procesos iniciados con base en las mismas”. De igual manera, consideró necesario que el gobierno federal atienda la recomendación 15VG/2018, de manera particular lo relacionado con las líneas de investigación planteadas; las diligencias “que podrían redefinir el sentido de todo el caso y los delitos por los que los probables responsables tendrían que responder”, y la realización de exámenes genéticos a fragmentos óseos que, según la versión oficial, se encontraron en el basurero de Cocula y el río San Juan, y que “inexplicablemente” no se les han realizado los peritajes pertinentes. Para González Pérez, “las posibles irregularidades u omisiones en las que diversas personas del servicio público pudieron haber incurrido durante su participación en las diligencias del caso, o de la laxitud de algunas resoluciones judiciales, no debe distraer la atención del objetivo prioritario, que es evitar que este asunto quede en la impunidad”. En la reunión que el presidente de la CNDH tuvo con el relator Edison Lanza se conversó sobre la situación de los periodistas en México, el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se identificaron los “retos para el Estado mexicano en materia de libertad de expresión y agresiones a periodistas”. Con la relatora García Muñoz se abordaron los “obstáculos para el cumplimiento de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) en México, como la persistencia de realidades de exclusión social, muchas veces con raíces estructurales”. Ante la relatora, González Pérez explicó que la exclusión social se aprecia incluso en entidades “más fuertes económicamente, lo que dificulta el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de amplios sectores de la población, así como de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre ellos la cancelación del programa de estancias infantiles, a través de la plena implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

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