CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cumplimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el acuerdo migratorio que pactó con el presidente estadunidense Donald Trump tiene un elevado costo “humano, económico y social”, pero el canciller Marcelo Ebrard Casaubón no lo comentó durante su intervención en la conferencia matutina del mandatario, denunció la organización Sin Fronteras. “Esta política migratoria ha servido para cumplir con las exigencias impuestas por Estados Unidos, pero el costo humano ha sido muy alto”, señaló. Y deploró: “Nos ha llevado a cargar con muertes dolorosas como la de Oscar y Valeria, o la de Marcos en Saltillo frente a su pequeña hija (…) Nos ha llevado a incrementar la violencia y la xenofobia que crece día con día y que desafortunadamente legitima las acciones y violaciones a los derechos humanos”. De acuerdo con Sin Fronteras, el costo económico incluye el pago de 483 millones 379 mil pesos mensuales que cubre la nómina de 25 mil 441 agentes de la Guardia Nacional desplegados en las fronteras para impedir el paso de migrantes, o el gasto de aproximadamente 5 mil millones de pesos en el Instituto Nacional de Migración (INM). La organización aseguró que con el gobierno de López Obrador se reforzó la práctica de la detención sistemática de personas migrantes –en incumplimiento con los compromisos internacionales de México--, lo cual quedó reflejado en los más de 108 mil 503 detenidos este año, entre ellos 32 mil 507 menores de edad. Los migrantes, abundó, no tienen acceso a la justicia, razón por la que sólo se contabilizaron siete denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde la entrada en vigor del acuerdo migratorio, el pasado 7 de junio. Por la mañana, Ebrard utilizó este dato para presumir que el despliegue de la Guardia Nacional con fines de contención migratoria no disparó las violaciones a los derechos humanos. El canciller dijo que la puesta en marcha de la política de contención migratoria redujo en 56% el número de intentos de cruces irregulares de la frontera de Estados Unidos. Tal reducción se observó en apenas tres meses, el plazo que la administración de Trump dio a su contraparte mexicana, el pasado 7 de junio, so pena de imponer a México un estatus de Tercer País Seguro. A la par de impedir el paso por el país, el gobierno mexicano recibió a más de 30 mil solicitantes de asilo que las autoridades de Estados Unidos devolvieron de este lado de la frontera, en el marco del programa conocido como “Quédate en México”. “Cabe aclarar que la proyección llega a ser de 60 a 80 mil (personas) a lo largo de toda la frontera solamente para este año. Esta población permanece desprotegida y sin acceso a asesoría legal, situación que ha sido alertada por organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos”, subrayó Sin Fronteras. También destacó que, a raíz del endurecimiento de la política migratoria, un número cada vez mayor de personas solicitan asilo en México: en lo que va de 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) ya recibió 48 mil 254 solicitudes de refugio –tres veces más que en el mismo periodo del año pasado-- y está colapsada. “Desde Sin Fronteras consideramos que hay formas menos costosas de afrontar el reto de la movilidad humana”, concluyó la organización.