CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al estado de Coahuila derogar diversas disposiciones de la Ley de Victimas donde sólo se reconoce la reparación integral del daño en aquellos casos “graves” en los que se violan los derechos humanos, pero no para aquellas personas que han sido objeto de la delincuencia. En respuesta a la acción de inconstitucionalidad 130/2017 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el máximo tribunal del país ordenó suprimir las disposiciones en las que se admite “exclusivamente aquellos casos en los que se da una violación grave a derechos humanos”, porque –subrayó-- “no es compatible con los parámetros nacionales e internacionales, pues la reparación integral a las víctimas debe darse a todas”. El pleno de la SCJN invalidó el artículo 46 en la porción normativa “ambos considerados como graves”; 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones normativas “graves”, y el 114, en la porción normativa “graves”. Este último artículo referido al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. La medida, según una disposición publicada en el Periódico Oficial de Coahuila el 29 de agosto de 2017, condicionaba la entrega de recursos a los casos de violaciones graves de derechos y no a personas que hayan sido víctima de algún delito grave. En ese sentido, la SCJN también invalidó el artículo 10, fracción III, párrafo tercero, en la porción normativa “bajo la disponibilidad presupuestal”, que condicionaba a la disposición de presupuesto el otorgamiento de atención a víctimas en aquellos casos urgentes en los que se recurra a instituciones particulares, lo que resultaba violatorio de la Constitución Federal y contrariaba lo dispuesto en la Ley General en la materia. “El Tribunal Pleno continuará con el análisis de este asunto durante la próxima sesión para abordar el concepto de violaciones graves que contiene el artículo 67 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, destacó en un comunicado. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, la entidad gobernada por el priista Miguel Riquelme mantiene altas tasas en materia de delitos de alto impacto, como la extorsión y narcomenudeo, así como violación y feminicidios --arriba de la tasa media nacional--, y se concentran en los municipios de Matamoros, Morelos y Parras.