CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segundo día consecutivo, trabajadores del desaparecido Seguro Popular –ahora Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) – provenientes de los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y de esta capital mantienen bloqueadas las oficinas del nuevo organismo, en demanda de terminar con la crisis laboral provocada por la reconversión institucional. Instalados con casas de campaña en las calles de Gustavo E. Campa y Macedonio Alcalá, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, los más de 250 manifestantes advirtieron que tras el decreto del 31 de diciembre, firmado por el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, más de 50 mil empleados perdieron su trabajo. “Queremos una mesa de trabajo con el Juan Ferrer; Jorge Alcocer, secretario de Salud; con gente de Gobernación y Hacienda y Crédito Público porque el decreto modifica la Ley General de Salud (77 bis 7). Los trabajadores serán absorbidos por el Insabi, y sólo 6% del presupuesto es para pagar el sueldo de los trabajadores”, comentó a Apro, Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales Oaxaca. El representante sindical advirtió que, únicamente en su estado, la nómina de 566 trabajadores de Salud alcanza 12 millones de pesos, por lo que el porcentaje asignado sería insuficiente para cubrir gastos de operación. Según Ulises Cortés, el principal problema con el organismo instaurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no existen reglas de operación ni lineamientos, pese a que han pasado 14 días desde el anuncio. “En el país hay más de 50 mil trabajadores del Seguro, debieron prever esta catástrofe que se está dando con los trabajadores y con el pueblo, al que se le están cobrando las consultas, las camas, urgencias, cirugías, hospitalización, el material y el medicamento”, manifestó. Lamentó que López Obrador no esté cumpliendo con su promesa de ofrecer (desde 2020) a la población más pobre o sin seguridad social, el acceso a la salud de manera eficiente y gratuita. En el oficio firmado por Ferrer Aguilar, el punto A establece que se “deberá asignar a un equipo de trabajo que tendrá la responsabilidad de integrar e informar a las instancias correspondientes el cierre de los recursos federales y estatales del Sistema de Protección Social en Salud”. Pero el personal que protesta aclara que nadie se ha presentado como responsable o “jefe provisional”. “Nadie nos dice nada, no nos van a pagar porque no hay quien firme la partida presupuestal, ninguna autoridad ha dado la cara, solo nos piden aguantar porque no hay figura legal”, dijo un trabajador que reservó su nombre. [caption id="attachment_614102" align="aligncenter" width="1024"] Casas de campaña de extrabajadores del Seguro Popular frente al Insabi. Foto: Manuel Alejandro Godínez López[/caption]

Incertidumbre

Camargo, empleado afectado de la Ciudad de México expresó que el mayor temor del personal del Seguro Popular es saber si les van a pagar, o si recibirán un finiquito con base a la antigüedad que tienen, dado que algunos tienen más de 15 años de laborar. Una doctora en medicina general de Oaxaca con maestría y 13 años de antigüedad contó que la promesa de obtener una base se desmoronó el 1 de enero, cuando le informaron que por el momento no hay quien la recontrate o le pague por el tiempo que prestó su servicio. "Como personal médico, y administrativo, cuidábamos que los pacientes recibieran los cobros de acuerdo con las carteras de insumos.  Ahora tienen que pagar por todo, por eso invito a la gente que ha recibido abuso de tarifas a que las presente, que vean que no somos saboteadores, la crisis es real, si quería mejorar el Seguro Popular no debió destruir todo lo que logramos en estos años”, precisó la doctora, quien presentó su credencial y cédula profesional. En el estado de Michoacán son mil 500 trabajadores del Seguro Popular que están “en total indefensión laboral”, pues argumentan que no se recontrató a nadie, ni se ha informado que sigue para ellos. Los inconformes convocaron a una protesta el próximo 16 de enero en Palacio Nacional para exigir al presidente una respuesta. Comentan que el año pasado tuvieron dos audiencias con Alberto César Hernández, responsable jurídico de Insabi, pero para la resolución los “dejaron plantados”. Por tal motivo, advirtieron que, en caso de no ser atendidos, bloquearán las principales arterias del primer cuadro del Centro Histórico. (Manuel Alejandro Godínez López)