Caos, tensión e incertidumbre reinan en la frontera sur por el éxodo de migrantes
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A las casi mil personas que ya ingresaron a México y otras tres mil que esperan ingresar a territorio nacional, el gobierno mexicano les ha dicho que, si quieren trabajo, se los darán en el marco de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pero sólo en sus respectivos países de origen.
A casi 48 horas horas de la llegada del éxodo de migrantes a la frontera sur mexicana, decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron la falta de claridad por parte del gobierno mexicano, lo que ha generado tensión e incertidumbre entre los miles de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar en la frontera sur mexicana.
“No hay claridad por parte del gobierno mexicano sobre los procedimientos migratorios que están realizando, nos preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país y que las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no están atendiendo las autoridades responsables de los países implicados en este fenómeno social”, dijo el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.
El colectivo conformado por el American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA y Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes, reactivaron el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano.
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Foto: Darinel Zacarías[/caption]
Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrieron la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán desde diferentes puntos. De igual manera se mantienen en contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
En este contexto, han identificado la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertaron de la presencia de personal de seguridad privada.
Denunciaron que elementos de la GN y Policía Federal vestidos de civiles estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integran la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos.
Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y que durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y sólo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano.
Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández.
En todo momento, el mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron nunca las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas, especialmente hombres jóvenes, intentaron cruzar por el río.
Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso.
Lo más grave es que algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares que se encontraban dentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas.
Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses, las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen.
Hacia las 16:00 horas, ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano se dijeron preocupados por la ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional; por la falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar.
Denunciaron la ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM.
Destacaron que hubo un protagonismo de la GN durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso, del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas en condición de discapacidad.
El Colectivo dijo que hay un aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco y aumentaron también las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufren las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pero les preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
Foto: Darinel Zacarías[/caption]
Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrieron la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán desde diferentes puntos. De igual manera se mantienen en contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
En este contexto, han identificado la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertaron de la presencia de personal de seguridad privada.
Denunciaron que elementos de la GN y Policía Federal vestidos de civiles estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integran la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos.
Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y que durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y sólo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano.
Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández.
En todo momento, el mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron nunca las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas, especialmente hombres jóvenes, intentaron cruzar por el río.
Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso.
Lo más grave es que algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares que se encontraban dentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas.
Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses, las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen.
Hacia las 16:00 horas, ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano se dijeron preocupados por la ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional; por la falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar.
Denunciaron la ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM.
Destacaron que hubo un protagonismo de la GN durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso, del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas en condición de discapacidad.
El Colectivo dijo que hay un aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco y aumentaron también las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufren las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pero les preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
