CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadores de las secretarías de Salud federal y estatales anunciaron que el próximo miércoles 29 se manifestarán en las puertas del Palacio Nacional para exigir una basificación justa y apegada a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En un pronunciamiento de tres fojas, los inconformes enlistaron 12 demandas que presentarán mientras se desarrolla la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus demandas son: diálogo resolutivo; respeto al apartado B del 123 constitucional en las 32 entidades; respeto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; un censo nacional de trabajadores regularizados, formalizados, suplencias o recursos propios; estabilidad laboral; contratos, interinatos prolongados y honorarios. También exigieron el nombramiento de la base definitiva y formato único de movimiento para todos, respetando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; hacer público el tabulador de puestos y salarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y sus condiciones generales de trabajo; que las contrataciones en los 32 estados sean plazas de nueva creación apegadas a la Ley antes citada. Asimismo, homologar los criterios de profesionalización del área médica, enfermería, trabajo social, optometría, personal administrativo, químico, nutrición, rehabilitación y de los procesos de escalafón para las 32 entidades. En su pronunciamiento, los trabajadores criticaron la creación del Seguro Popular, en el sexenio de Vicente Fox, que continuó en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y sobre el Insabi subrayaron: “Esta iniciativa derivó en la actual quiebra del sistema de salud nacional, con la transferencia de los recursos económicos de la nación a las manos privilegiadas de unas cuantas empresas privadas, fortaleciendo monopolios económicos que lucraron con la salud y la necesidad de los mexicanos, pero además facilitaron mecanismos o lagunas legales que propiciaron la corrupción de los gobernadores y de los secretarios de Salud estatales, según lo publicado por la Auditoría Superior de la Federación y las denuncias existentes ante la extinta PGR, por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades”. De igual manera, recriminaron la restricción sanitaria al acceso a los servicios de salud, porque el Seguro Popular sólo se limitaba a 286, a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), los cuales no corresponden a la cantidad inmensa de enfermedades padecidas por el ser humano, por lo que nunca fue “universal”. “Además, siempre existió la falta de medicamentos y de material de curación, y el fondo de gastos catastróficos que corresponde a las enfermedades de alta especialidad, igual que en otros casos, siempre privó el desabasto de medicamentos de alto costo y siempre fueron comprados con el dinero de los enfermos”, recalcaron. En materia laboral, sostuvieron que “el mal llamado seguro popular” impulsó la precarización contratando a profesionales mediante el esquema del outsourcing. “Estos profesionales de la salud otorgaron siempre su mejor esfuerzo sin derecho a la seguridad social y mucho menos a servicios médicos permanentes, exponiendo a mujeres embarazadas a virus, bacterias o radiaciones considerados como riesgos sanitarios de alta peligrosidad, sin contemplaciones, amenazando siempre al trabajador con ser sustituido por alguien más”, en demérito de la trayectoria académica y la especialización de estos profesionales al cancelarse de facto el derecho al escalafón. Y confiaron en que se cumpla la promesa del gobierno actual de proporcionar servicios de salud gratuitos y de calidad a la población no derechohabiente de México. “Esta utopía consideramos que es noble y esperamos se logre”, sentenciaron. Por ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador ser escuchados porque, subrayaron, tienen propuestas, pero nunca les hicieron caso “por la soberbia e ignorancia” de algunos miembros del gobierno que convenientemente mienten al presentar información en materia de salud. “Nosotros tenemos otros datos, ya que somos más de 300 mil trabajadores y profesionales de la salud que carecemos del nombramiento de base definitiva y de nuestro Formato Único de Movimiento (FUM)”, por lo que demandaron un diálogo abierto con representantes de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, diputados y senadores, para exponer sus demandas y trazar una ruta laboral justa.