CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cumplido un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reto en materia de seguridad sigue vigente, afirmó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). “Si efectivamente lo que se busca es tomar mejores decisiones en beneficio de la población, es necesario fortalecer la información en materia de seguridad. Sin diagnósticos precisos no es posible diseñar las líneas de acción que se requieren para disminuir la violencia y la incidencia delictiva”, precisó Francisco Rivas, titular del ONC. Para que esto pueda funcionar, abundó, es fundamental dotar al sector justicia de recursos suficientes y crecer el gasto en por lo menos 200%. Asimismo, exigió al presidente Andrés Manuel López Orador "que la administración pública finalice la etapa de reconocimiento y dimensión de los retos que en materia de seguridad enfrenta, más allá de la caracterización de niveles normales de incidencia delictiva". Rivas insistió que la elaboración de una estrategia de seguridad, a partir de evidencias, permitirá identificar con claridad objetivos, plazos, indicadores de desempeño y de resultado, con mecanismos de articulación entre autoridades. El director del ONC consideró que si uno de los objetivos que persigue el gobierno federal es avanzar frente a la impunidad, se necesita fortalecer las instancias de procuración de justicia, el sistema penitenciario e impulsar la creación de instituciones focalizadas en la reinserción social. Sin embargo, si se toma en consideración el ánimo de las posibles reformas al sistema de justicia penal, impulsadas por la actual administración federal, significaría un retroceso en el camino que se emprendió hace más de 10 años para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y sería una afrenta política y ética para todas las personas que están en búsqueda de verdad y justicia desde hace años, puntualizó. Este martes, en el Análisis de 2019 en materia de seguridad, se presentaron ejemplos de la debilidad de registros de los delitos, incluido el homicidio. Se tomó como ejemplo el incidente de Aguililla, Michoacán, que no parece haber sido reportado en ninguna de las bases. El caso de Aguililla también revela un complejo proceso que involucra disputas entre organizaciones criminales; colusión de autoridades municipales con el crimen organizado; violencia política; profunda debilidad institucional, e inoperante coordinación entre autoridades. Además –añadió--, la tasa de homicidio doloso y de víctimas mujeres fue superior al valor nacional en nueve estados: Chihuahua, Guerrero, Colima, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. No hubo registros de mujeres víctimas de homicidio doloso en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Querétaro y Sinaloa, finalizó.