CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la pifia de ayer, este miércoles el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que a partir del próximo 1 de febrero permitirá el ingreso de representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas a sus centros de detención migratoria, pero les recordó que deberán “mantener el orden, seguridad y disciplina en el interior de dichas instalaciones migratorias”. Con ello, el INM trató de arreglar el chasco de ayer, cuando difundió un oficio firmado por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación Migratoria en el INM, donde planteaba la suspensión del ingreso a los centros de detención “derivado a (sic) la actual contingencia migratoria que se presenta en nuestro territorio”. La publicación del documento desencadenó reacciones adversas entre defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que la restricción niega el acceso a la justicia para los migrantes, y se quejaron de que se le retirara la autorización al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova para monitorear la situación en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. El oficio difundido ayer exhibió la pésima coordinación entre el INM y la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que pertenece formalmente, pues en un primer boletín --emitido a las 18:45-- el INM reconoció la “veracidad” del oficio, y tres horas después, a las 21:36, la Segob publicó otro boletín en el que indicó que desconocía dicho oficio. En su comunicado de hoy, el Instituto Nacional de Migración sostuvo que las aportaciones de los actores que defienden a los migrantes “son valiosas para el Instituto y en especial para la población alojada en las instalaciones”. https://twitter.com/INAMI_mx/status/1222649391678357505?s=20