MÉRIDA, Yuc. (apro).- Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sostuvo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no incurrirá en desacato sobre la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya concedido por un juez de Distrito a pobladores de Calakmul. No obstante, dijo, el Fonatur, la Secretaría de Gobernación y las otras instancias federales involucradas en el proyecto están a la espera de que el Poder Judicial de la Federación les notifique oficialmente la sentencia --que hasta esta mañana no había ocurrido-- para que actúen en consecuencia. “Estamos atentos para poder presentar nuestros argumentos al juez y plantearle sus beneficios; vamos a atender lo que nos dictamine el Poder Judicial. No actuaremos en desacato”, afirmó, y destacó que el veredicto final debe ser “proporcional”. En el marco del Foro de Energía para el Desarrollo de México, que se celebra aquí, Jiménez Pons aclaró que en el caso de Calakmul los inconformes “no son comunidades, es un grupo muy respetable, pequeño, dentro de una comunidad”, organizado en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). En conferencia de prensa, cuestionado sobre otro amparo que quintanarroenses inconformes habrían tramitado en contra del proyecto, el funcionario federal comentó que hasta ahora sólo están informados del que presentó el CRIPX --el pasado lunes 6-- a través de Gerardo Martínez Jiménez en contra de las asambleas consultivas. En el proceso de consulta, subrayó, 97% de los que participaron en Calakmul dio su aceptación al proyecto, aunque muchos reclamaron carencias, como la falta de agua que debe resolverse primero. Al respecto, aseguró que ya hay un proyecto para atender ese problema. “Sabemos que pueden venir otras (demandas de amparo), probablemente sí, probablemente no”, recalcó. Sobre los intentos de negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que también se opone al Tren Maya, para que lo acepten a cambio de liberar a presos políticos y resolver demandas sociales, Jiménez Pons precisó que el proyecto ni siquiera pasará cerca de los territorios zapatistas, pues su bastión más cercano está a 55 kilómetros de Palenque, Chiapas. “Sin embargo, estamos abiertos al dialogo”, dijo, y aclaró que la liberación de presos políticos nada tiene que ver con el Tren Maya. “Habiendo tren o no, si hay presos políticos tienen que ser liberados porque ninguna persona tiene que estar presa por defender sus ideas, y el Estado mexicano debe garantizar a todos el derecho a la libre expresión. Esto nada que ver con el tren”. Sobre la inconformidad de los vecinos de los barrios La Ermita, Camino Real y Santa Lucía de la capital campechana, asentados a los costados de la vía férrea y quienes se resisten a ser reubicados, con el argumento de que esos predios han pertenecido a sus familias por más de un siglo, el director de Fonatur manifestó que están ocupando terrenos federales. Y, pese a que algunas de esas personas han exhibido escrituras que datan de finales del siglo XIX, el funcionario detalló esas vías “tienen antecedentes de los años 30. No sólo es problema de propiedad, es propiedad federal”. Añadió: “Nosotros tenemos que considerar el patrimonio que han fincado en los últimos años, respetárselos, aunque ninguno de ellos tiene escrituras, y llegar a una buena conclusión, pero ninguno de ellos tiene un título de propiedad, porque están en zona federal”. Jiménez Pons sostuvo que para solucionar el problema están buscando alternativas que los entusiasmen y acepten reubicarse. “Van a ganar y ganar bien. Van a ganar una propiedad real, que podrán heredar a sus hijos, servicios y una ubicación mucho mejor. Creo que será suficiente aliento. El Tren Maya va a beneficiar hasta a aquellos que están invadiendo”, consideró. En esa zona, agregó, hay casas hasta de tres niveles, pero es un problema de seguridad para el proyecto. “ONU Hábitat está haciendo esfuerzos para darles las mejores opciones y llegar a los mejores términos. Con estricto apego a los derechos humanos vamos a darle una solución que los entusiasme, no queremos correrlos, van a ganar y ganar bien”, insistió. Y reconoció que en el caso de Campeche las opciones para el paso del ferrocarril son más conflictivas, “porque le quitaríamos la posibilidad a ese estado de que tenga una estación; recuperar toda esa zona es muy importante”. En el caso de Mérida, Jiménez Pons adelantó que se analiza la posibilidad de un tramo subterráneo de cuatro kilómetros para no afectar las vialidades.