CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aminoraron la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de otorgar a Rosario Robles Berlanga una medida cautelar contra su inhabilitación por 10 años. Raymundo Alba, director de Comunicación Social de la dependencia, insistió en que la decisión de la justicia “únicamente otorgó una medida cautelar para suspender provisionalmente la inscripción de la sanción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados”, pero insistió en que esto “no tiene efectos sobre la inhabilitación”. El funcionario aseveró que la decisión de la SFP “sigue firme” hasta que la justicia “resuelva el fondo del asunto” que opone a la dependencia y la exsecretaria de Desarrollo Social, actualmente encarcelada por su presunto papel en los desvíos de recursos multimillonarios operados durante su gestión en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Es errado decir que la decisión se revierte”, resaltó por su parte Jesús Robles Maloof, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en la SFP. En septiembre pasado, la SFP inhabilitó a Robles por 10 años al determinar que la exfuncionaria no declaró una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales. Robles, por su parte, sostuvo que dicha cuenta bancaria fue abierta en 2008 y cancelada en 2016, y que nunca tuvo más de 2 mil 887 pesos en depósito; sigue denunciando que es víctima de una persecución política.