CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión alertaron al Congreso de la Unión que, de eliminarse los fideicomisos que operan la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se pone en riesgo la vida e integridad de 30 mil víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y mil 304 defensores y periodistas que cuentan con medidas de protección. En conferencia virtual, integrantes del Espacio OSC, Ángel Ruiz, de Fundar Centro de Análisis de Investigación; Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo; Jade Ramírez de Periodistas de a Pie, e Itzia Miravete, de Artículo 19, calificaron la pretensión de eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que maneja CEAV regido por la Ley General de Víctimas (LGV), como una “torpeza grande y un retroceso a las garantías de derechos humanos”. Ángel Ruiz explicó que el diseño de ambos fideicomisos representa “una garantía para la protección de derechos humanos, porque no está sujeto a suficiencia presupuestal, lo que los hace necesarios”, además por el tipo de atención a que están dirigidos, “no tienen que regresar los recursos anuales no ejercidos, como sucede con otras dependencias cuando tienen subejercicios”. Nota relacionada: Avanza dictamen sobre desaparición de fideicomisos; va al pleno Alertó que la eliminación es grave porque “no hay garantía de que se reasignen a las dependencias específicas, es decir, la CEAV o la Subsecretaría de Gobernación”. Xicoténcatl, quien preside el Consejo Consultivo dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo, resaltó que los legisladores “no tienen idea de que el Mecanismo y la LGV son el resultado de una lucha histórica por parte de víctimas, así como de defensoras y defensores, y las y los periodistas, para que se garantice la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”. El defensor recordó que en el caso del fideicomiso que opera el Mecanismo, en el que están inscritos 418 periodistas y 886 defensores, es revisado cada año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que hasta ahora “no ha tenido observaciones relacionadas con la corrupción, sino con manejo administrativo o procedimientos”. Jade Ramírez, de Periodistas de a Pie, resaltó que México se ha distinguido por ser el país con altos índices de violencia contra periodistas y defensores, y que “la desaparición de fondos es la peor señal de que al gobierno no le interesa la crisis de estas dos poblaciones”. De acuerdo con datos de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en lo que va de 2020 siete personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas han sido asesinados. Destacó que la eliminación de los fideicomisos mencionados “puede generar daños irreparables”, pues dichos fondos permiten “miles de familias afectadas tener cierta estabilidad en materia de salud, estabilidad emocional”, sin que ello haya redituado en el acceso a la justicia “porque de tenerla, no existiría el Mecanismo ni la CEAV”. Nancy López reprobó que las víctimas no hayan sido consultadas en este proceso de eliminación del FAARI, cuando fueron ellas quienes lograron la promulgación de la LGV y la creación de la CEAV. Apuntó que lo que se elimina son fondos utilizados para las víctimas en condiciones vulnerables -derivadas de violaciones a derechos humanos o violencia a que fueron expuestas- para alimentación y vivienda, así como para solventar gastos para búsquedas, peritajes independientes y desahogo de diligencias, por lo que la medida es “es torpe y absurda, que implicará regresión importante a víctimas, complejizará la atención y supeditar la necesidad a disponibilidad presupuestal”. Nota relacionada: AMLO defiende extinción de fideicomisos: “queremos revisar que no haya aviadores” Aclaró: “No se trata de una defensa de la CEAV, pero se están tomando decisiones sin el dicho de las víctimas, lo que es ir en contra de la creación de la LGV y desconocer a las más de 30 mil víctimas inscritas en el Renavi que podrían tener acceso a reparación de daños”. Tras la entrega de 30 mil firmas para exigir detener la iniciativa, desde la Cámara de Diputado, Itzia Miravete resaltó que para miles de víctimas, entre ellas defensores y periodistas, el Mecanismo y la CEAV son “la única respuesta para continuar en su exigencia de justicia, y son instrumentos que los están desmantelando”. La integrante de Artículo 19 agregó que el dictamen “no es claro” sobre los criterios para eliminar los fideicomisos operados por CEAV y el Mecanismo, situación que deja en “incertidumbre total a quienes han sido víctimas de violencia, que siguen siendo revictimizadas; es un dictamen regresivo, torpe, que puede ser usado como mordaza al no candados para su utilización como lo tienen los fideicomisos”. Miravete lamentó que ninguna de las propuestas planteadas por la sociedad civil durante el parlamento abierto fue tomada en cuenta, por lo que reiteró el llamado para no consumar la desaparición de los fideicomisos mencionados, como parte de “la defensa por la vida, la libertad e integridad de ciudadanos defensores, periodistas y víctimas”. En un pronunciamiento decenas de organizaciones aglutinadas en Espacio OSC, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y colectivos y activistas en particular, advirtieron que “la eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se articulado para garantizar la protección y la vida”. En el documento agregaron que para combatir la corrupción no se necesita extinguir fideicomisos y fondos, sino “creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, además de que debe considerarse la utilidad y fin que tienen los fideicomisos y a quiénes están dirigidos. Nota relacionada: Diputados le reclaman sobre fideicomisos… Herrera, tranquilo y degusta chocolate “Rechazamos que se use la pandemia de covid-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento y violaciones a derechos humanos”, señalaron los firmantes.