CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Por la intromisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en sus tareas organizativas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la negativa de registro como partido político a Grupo Social Promotor de México (GSPM), antes Nueva Alianza.
Los magistrados dividieron su voto, y cinco consideraron que quedó demostrado de manera fehaciente –como lo estableció el Instituto Nacional Electoral (INE)- que la organización sindical sí tuvo incidencia en las tareas de organización del nuevo partido, con lo que se vulneró el artículo 41 de la Constitución, que prohíbe la participación de organizaciones gremiales en los partidos.
Así, la mayoría de cinco magistrados consideró acreditada la intervención del sindicato, basados en que más de la mitad de los recursos recabados provienen de afiliados al SNTE; hubo evidencia de la utilización de oficinas de ese sindicato para recabar firmas; más de la mitad de las afiliaciones captadas vía app fueron reunidas por personas de esa organización gremial, entre otros aspectos.
Según acreditó el INE el pasado 4 de septiembre, al negar el registro como partido, de las 289 asambleas distritales celebradas, 253 (87.54%) fueron presididas por afiliados del SNTE.
Fueron presidentes y secretarios de asambleas de Grupo Social Promotor 497 (86%) y de 3 mil 460 delegados propietarios y suplentes 2 mil 580 (74%) igualmente son sindicalizados.
Ayudaron a captar afiliaciones a GSPM 7 mil 264 integrantes del sindicato magisterial, de un universo total de 11 mil 231 auxiliares, es decir, un 65%. Por ello el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso, y así se acordó, confirmar la negativa de registro.
Votaron en contra de confirmar la negativa de registro la magistrada Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. Expusieron que no quedó demostrado a plenitud tal intervención del sindicato en la organización que buscaba ser partido. Rodríguez planteó una metodología para resolver en casos de presunta injerencia gremial en la constitución de un partido.
A su juicio, “algunos” inmuebles del SNTE fueron usados para captar afiliados, “pero no es suficiente” para acreditar la intervención gremial.
Por eso, parte de la metodología sería que –propuso- el financiamiento proveniente de la organización gremial incida de forma significativa y con pruebas fehacientes, exista coacción para la participación de agremiados, corroborar que la organización que busque ser partido haya actuado bajo control de la organización gremial, haya uso efectivo y disposición de bienes muebles e inmuebles del gremio en las actividades de la asociación civil que busca ser fuerza política.
Además, planteó que debería demostrarse afiliación corporativa, y que se ponga en riesgo la existencia y democracia interna y democracia en partido y que el número de militantes que son a la vez agremiados al sindicato, impliquen el control del partido en formación. Sus propuestas no prosperaron.
