CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, a colaborar en el procesamiento penal contra un oficial y 11 marinos que participaron en la detención arbitraria, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial de cuatro personas que se encontraban cerca de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los hechos narrados en la recomendación37VG/2020, por violaciones graves a derechos humanos, están relacionados con el combate al robo de combustible emprendido en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas, el 20 de febrero de 2019 su hijo estaba empacando zacate junto con otras tres personas en un predio localizado en Guadalupito las Dalias, en el municipio de Tlahuapan, Puebla, “cuando elementos de la Semar, a bordo de tres camionetas, los detuvieron argumentando que trabajaban en un predio ubicado junto a los ductos de Pemex”. Nota relacionada: CNDH instruye a Marina y FGR a esclarecer la desaparición forzada de 27 personas La denunciante relató que, de acuerdo con testigos de los hechos, las cuatro personas fueron desvestidas por marinos y golpeados en el rostro, así como obligados a recostarse boca a bajo en el suelo, “para después golpearlos en varias partes del cuerpo con una pala que se encontraba en el sitio”. Cuando los efectivos de la Semar advirtieron que eran observados por pobladores, “se llevaron a los cuatro agraviados, por lo que la quejosa procedió a buscar --el día de los hechos y el siguiente-- a su hijo en diferentes agencias del Ministerio Público de la Fiscalía de Puebla y de la Fiscalía General de la República (FGR), sin obtener información sobre el paradero de las cuatro personas”. En su búsqueda, la madre de una de las víctimas acudió el 1 de marzo de 2019 a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, institución que remitió a la CNDH el caso por incompetencia. Ese mismo día “fueron localizados los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas en el cerro ‘El ‘Águila”, ubicado en los límites de Santa Cruz Moxolahuac, Tlahuapan, Puebla, y San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, Tlaxcala”. Nota relacionada: CNDH pide investigación exhaustiva sobre presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo Entre las evidencias recabadas por la CNDH destaca la respuesta que dio la dependencia, notificando que el 28 de febrero de 2019 había una base de operaciones en San Martín Texmelucan, Puebla, y a las 11:20, 11 marinos al mando de un oficial realizaron un recorrido en las inmediaciones de los ductos de Pemex ubicados en San Martín Texmelucan y Nanacamilpa, Puebla, a bordo de los vehículos 2 y 3, regresando a la base de operaciones a las 22:20 horas”. De acuerdo con la recomendación, la Semar agregó que “si bien los servidores públicos involucrados en los hechos… pertenecen a esa dependencia (Semar), no existió orden expresa emitida por la comandancia de la Base de Operaciones de la Armada de México, establecida en San Martín Texmelucan, Puebla, o de ningún otro superior jerárquico, que los motivara a realizar actos contrarios a los ordenamientos legales, por lo que se desprende que estos actuaron por propia voluntad”. Según la dependencia comandada por Rafael Ojeda Durán, los hechos motivaron que se iniciara “la carpeta de investigación 2 y el Proceso Administrativo de Investigación 1, para la determinación de las responsabilidades administrativas o penales que correspondan”. La CNDH acreditó que los agentes navales “detuvieron a las cuatro personas de manera arbitraria e ilegal, omitieron elaborar el parte informativo correspondiente por la detención de las mismas, a quienes trasladaron a un lugar boscoso en los límites de Tlahuapan, Puebla, y Nanancamilpa, Tlaxcala, sin proporcionar información sobre su paradero”. Apuntó que los marinos “infligieron malos tratos a tres de los agraviados durante la detención y uso excesivo de la fuerza en agravio de la otra víctima, para después privarlos de la vida”. El organismo recomendó al secretario de Marina “inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, reparar integralmente el daño a sus familiares, quienes deberán acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica”. Asimismo, la dependencia deberá colaborar “en la presentación y seguimiento de la denuncia y queja que se formule ante la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control de la Semar, respectivamente, contra el personal responsable, a cuyos expedientes se deberá anexar copia de esta recomendación; aportar esta recomendación en la carpeta de investigación 1 que se instruye en contra de las personas servidoras públicas involucradas, para que se tomen en cuenta las evidencias y consideraciones que la sustentan, en su caso, las sanciones que conforme a derecho correspondan”. El organismo también recomendó “capacitar al personal de la Semar en materia de derechos humanos e implementar en sus operativos el uso de cámaras fotográficas, videograbación y grabación de audio, para contar con evidencias de que su actuación es respetuosa de los derechos humanos”.