ONU pide a México prohibir castigo corporal y humillante contra niños

miércoles, 21 de octubre de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de cuatro agencias de Naciones Unidas instaron a la Cámara de Diputados a modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, “a fin de prohibir el castigo corporal y humillante como método de crianza”. Los representantes de Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), urgieron al Estado mexicano a “adecuar sus marcos normativos para prohibir el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes”. La adecuación legislativa colocaría a México entre los 60 países “que ya han impedido legalmente que el castigo corporal siga cimentando las bases que legitiman la violencia en la sociedad”. Las agencias resaltaron la urgencia de legislar en materia de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que seis de cada diez personas de entre uno y 14 años en México “han experimentado algún método de disciplina violenta en sus hogares, con graves secuelas para su desarrollo”, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres de 2015 En un pronunciamiento, los organismos de la ONU con representación en México alertaron que los niños que son sometidos a castigo corporal severo “tienen 2.4 veces menos probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado en la primera infancia, mientras que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de que una niña o niño sea agresivo”, según el estudio “Disciplina violenta en América Latina y el Caribe. Un análisis estadístico”, realizado por Unicef en 2018. Los menores “que sufren constante violencia en el seno familiar tienen mayor probabilidad de abandonar su hogar, verse orillados a situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en situación de calle, ser institucionalizados y, en general, enfrentar un mayor riesgo de abuso y explotación, incluida la vinculación con grupos u organizaciones criminales, y entrar, como resultado, en contacto con la justicia juvenil”. Lo anterior, en apego al informe “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015. Las organizaciones citaron parte de las conclusiones del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dirigido a México en 2018, en el que manifiesta su preocupación por la persistencia “de patrones de uso generalizado de violencia por razón de género contra mujeres y niñas --incluida la violencia física--, así como el aumento de la violencia doméstica”. Consideraron que, “de ser aprobada la prohibición del castigo corporal y humillante, la normatividad mexicana daría un importante paso en el cumplimiento de las normas de derechos humanos que establecen la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales que protegen la integridad de las personas sin excepción alguna”. Apuntaron que todos los esfuerzos orientados a la eliminación de cualquier forma de violencia contra las personas menores de 18 años “es fundamental para la transformación de nuestra sociedad en una más justa, pacífica e igualitaria”. Asimismo, manifestaron su confianza de que la Cámara de Diputados realizará las modificaciones pertinentes en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y sirva de referente “para que los congresos de las entidades federativas impulsen reformas a sus respectivos códigos civiles y leyes de la infancia para prohibir en definitiva el castigo corporal y humillante” a infantes y adolescentes. Finalmente, las agencias de la ONU consideraron que las y los legisladores mexicanos “asumirán el compromiso necesario por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, y reiteraron su ofrecimiento de asesoría y cooperación técnica para contribuir con el análisis y aprobación de las reformas para prohibir el castigo corporal y humillante.