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Tixtla, el lugar donde asesinaron a Ayelín, hundido en el narco, homicidios, desapariciones y desplazados

El caso de la desaparición y asesinato de la niña Ayelín de 13 años exhibió el nivel de degradación social que se vive en la entidad y específicamente en el poblado de Tixtla
domingo, 25 de octubre de 2020

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El caso de la desaparición y asesinato de la niña Ayelín de 13 años exhibió el nivel de degradación social que se vive en la entidad y específicamente en el poblado de Tixtla donde desde 2015, el grupo delictivo Los Ardillos desplazó a la banda de Los Rojos tras la ejecución de políticos y guardias comunitarios para asumir el control de este lugar ubicado en la región Centro de la entidad.

Ahí se encuentra la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, habitan un promedio de 22 mil habitantes y por su ubicación geográfica, Tixtla es clave en la geografía del narco en la entidad, pues colinda con los municipios de Chilpancingo, Mártir de Cuilapan, Zitlala, Chilapa, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, este último considerado el bastión de Los Ardillos, organización criminal dirigida por el familia del actual coordinador de la fracción perredista en el Congreso local Bernardo Ortega Jiménez, indican reportes oficiales.

En esta pequeña localidad, donde miembros de Los Ardillos lo controlan todo y detienen a cualquier persona en los retenes que instalan junto a los filtros de las policías municipal y estatal, fue desaparecida el jueves 15 y posteriormente encontrada asesinada. 

Pese a que este crimen consternó a la sociedad, las historias de violencia e impunidad en Tixtla llevan más de una década y se agudizaron tras la confrontación entre Los Rojos y Los Ardillos que exhibió nexos de políticos y autoridades de los tres niveles con el narco.

La narcopolítica

En febrero de 2016, Proceso publicó el reportaje "Guerrero, impunidad garantizada "donde dio a conocer que un informe de la Fiscalía elaborado durante el interinato de Rogelio Ortega determinó que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el actual diputado local perredista Benardo Ortega Jiménez son el “brazo político” del cartel de Los Ardillos.

Los reportes oficiales indican que los líderes de este grupo delictivo son Antonio y Celso "La Vela" Ortega Jiménez, ambos hermanos de Bernardo Ortega, quien ha sido alcalde de Quechultenango de 2002 a 2005; luego, brincó a la diputación local de 2005 a 2008; reapareció públicamente nuevamente como diputado local de 2012 a 2015 cuando se desempeñó como presidente de la LX legislatura en el periodo que se registró la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Bernardo Ortega dejó pasar tres años ante los constantes señalamientos de sus presuntos nexos con el narco, pero regresó a la escena política, otra vez, como diputado local y de nuevo como coordinador de la fracción perredista de la actual LXII legislatura que comprende el periodo 2018 -2021.

De manera paralela, los líderes de Los Ardillos asumieron el control de los cinco municipios que conforman el 24 distrito electoral que representa el diputado local perredista y comenzó una ola de violencia que parece imparable en la región Centro de la entidad, donde la lista de asesinatos, desaparecidos y desplazados es proporcional a la indolencia gubernamental.

Incluso, los actuales alcaldes de Tixtla, Martir de Cuilapan, Zitlala, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango forman parte del grupo político de Bernardo Ortega.

Tierra de impunidad 

El 26 de enero de 2015, un grupo armado ejecutó a José Luis Ortega Abarca "La Gringa", medio hermano del exalcalde perredista de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca y señalado como jefe de una célula delincuencial al servicio de la banda “Los Rojos”.

La ejecución se la atribuyó el grupo de Los Ardillos y marcó su ingreso a la plaza de Tixtla donde continuaron los asesinatos.

En noviembre de 2015, Los Ardillos asesinaron a cuatro policías comunitarios del grupo La Patria es primero, en las inmediaciones del barrio de El Fortín, ubicado en plena zona urbana de Tixtla.

El 5 de mayo de 2018, los cuerpos de nueve trabajadores de una empresa distribuidora de productos Coca Cola fueron encontrados asesinados en la batea de una camioneta repartidora que dejaron abandonada sobre el libramiento que conecta la capital del estado con el poblado de Tixtla, en la región Centro.

Luego, el 28 de noviembre de 2018, el ex coordinador de la policía estatal en la región Norte de la entidad, Domingo Tlatempa Vázquez, fue privado de su libertad en su domicilio en Tixtla y posteriormente localizado desmembrado frente a la sede del Ejecutivo estatal en la ciudad de Chilpancingo.

En ese entonces, se registró un conflicto entre profesores y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras el ingreso de un grupo de civiles armados que permanecieron escondidos en el plantel.

Los trabajadores docentes y administrativos de la Normal afirmaron que al interior estaba refugiado un grupo de civiles armados que buscaba extorsionarlos, mientras que los normalistas lo negaron pero mantuvieron cerrada la escuela unos días, periodo que coincidió con un operativo policiaco militar que se realizó en Tixtla para tratar de ubicar a los responsables de la ejecución del mando de la policía estatal.

A más de un lustro de dominio de Los Ardillos, Tixtla se ha vuelto común la presencia de civiles armados sobre la carretera federal que con esta el poblado de Tixtla con las ciudades de Chilpancingo y Chilapa.

Apenas el 20 de julio de este año, el señor Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunció públicamente que fue retenido y amenazado por miembros del grupo delictivo “Los Ardillos” en la cabecera municipal de Tixtla.

Rodríguez Moreno difundió tres videos donde reveló que la agresión del grupo criminal se realizó luego de que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos sostuvieron una reunión en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa con el subsecretario de Gobernación federal, Alejandro Encinas, y miembros de la comisión que investiga este caso que sigue impune.

El padre del joven desaparecido narró que ese día viajaba a bordo de una camioneta particular acompañado por su esposa cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados que se asumen como “guardias comunitarios” sobre la carretera federal que conecta la región Centro con la Montaña de la entidad, a la altura de la cabecera municipal de Tixtla.

Los sujetos armados se dirigieron con groserías, le advirtieron en ese entonces que ellos “son la autoridad en Tixtla” y sin explicarle los motivos, le tomaron fotos a él y su esposa, explicó Rodríguez Moreno en la videograbación difundida a través de su perfil de Facebook.

Este tipo de escenas, se han repetido desde hace varios años pero los ciudadanos tixtlecos se niegan a decirlo públicamente por temor a represalias debido a que los sicarios conviven directamente con autoridades de los tres niveles y el Ejército, indicaron habitantes que pidieron el anonimato.